Portugal lanza la "factura de la suerte"
El gobierno luso organiza un concurso que premiará con un coche cada semana a uno de los contribuyentes que luchen contra la economía sumergida
AGENCIAS
El Consejo de Ministros del Gobierno de Portugal aprobó ayer la creación de la "Factura de la Suerte", un nuevo sorteo que premiará algunas de las facturas emitidas y comunicadas a la Autoridad Tributaria y Aduanera (AT) con el objetivo de reducir la evasión fiscal en el país.
Según explicó el Ejecutivo, el objetivo de la "Factura de la Suerte" es "valorar y premiar" a los contribuyentes que luchan contra la economía sumergida, prevenir la evasión fiscal y la competencia desleal y lograr un sistema fiscal más equitativo. Así, indicó que podrán participar en este sorteo de forma automática todos los consumidores finales con facturas emitidas desde el 1 de enero de 2014 y comunicadas a la AT que incluyan el número de identificación fiscal de los compradores.
Aunque aún no se conocen los detalles de estos sorteos, la prensa portuguesa apunta que el primero de ellos se celebrará en la primera semana del mes de abril, para después organizarse con periodicidad semanal y en algunas ocasiones especiales. Los premios podrían consistir en el primer año en la entrega de coches.
El Ejecutivo luso confía en que el conjunto de medidas adoptadas recientemente para reforzar la lucha contra la economía sumergida y la evasión fiscal se traduzca en un "importante aumento de la equidad fiscal, ampliando la base tributaria para crear las condiciones necesarias para una futura reducción de impuestos".
Lisboa también anunció ayer el cierre de una veintena de tribunales en pequeños municipios, menos de la mitad de los que inicialmente preveía clausurar en la reforma judicial acordada con la troika. La medida, aprobada en consejo de ministros, provocó inmediatamente la reacción de algunas de las localidades afectadas, y varios ayuntamientos ya hicieron pública su intención de recurrir la decisión.
El mapa de reorganización judicial incluye dos cierres menos que en la última versión del proyecto divulgado por el Ejecutivo, y está lejos de los 49 tribunales que inicialmente le pedían la UE y el Fondo Monetario Internacional (FMI) que clausurara.
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