La rueda de prensa de la CIG sobre el tax lease incendió ayer los ánimos del sector naval. Los responsables de metal y naval de la organización, que el pasado martes se reunieron en Bruselas con el instructor del expediente (Alain Alexis), anunciaron que Bruselas les reveló que el sistema de bonificaciones fiscales suspendido hace casi dos años es "ilegal" y que, por tanto, habrá que devolver parte de las ayudas concedidas (sin concretar la cuantía ni qué parte de la estructura del tax lease -astilleros, armadores, estructuradores e inversores- tendría que asumirla). Las afirmaciones de la CIG provocaron malestar en la comunidad de astilleros, que niega que Bruselas haya tomado ya una decisión al respecto. Fuentes de la CE consultadas por FARO declinaron confirmar o desmentir el contenido de la rueda de prensa de la central, y se remitieron a las declaraciones del comisario Joaquín Almunia, que dijo el martes que la decisión final "está muy cerca".

Según la CIG, habrá que devolver parte de las ayudas, y le corresponde al Gobierno definir quiénes tienen que asumir los reembolsos y la cuantía de los mismos. El secretario xeral de CIG-Metal, Xoán Xosé Bouzas Aboi, Tupi, explicó a FARO que la decisión final sobre el expediente del tax lease es una cuestión de "soberanía política", por lo que instó al Gobierno a elevar la presión sobre Bruselas antes de que sea demasiado tarde. Bouzas matizó que según lo trascendido del encuentro con Alain Alexis (responsable del área de transportes de la Dirección General de la Competencia), los astilleros se quedarían al margen de la devolución de las ayudas, que recaería sobre el resto de piezas del tax lease (navieras, bancos e inversores). Los responsables de la CIG admitieron que en ese caso, ningún inversor volvería a estar interesado en contratar en la Ría.

Las declaraciones de la central nacionalista provocaron incertidumbre y malestar entre los astilleros y los bancos, según ha podido saber FARO. Fuentes del sector indicaron que Bruselas aún no les ha comunicado su decisión sobre el tax lease, por lo que calificaron de "irresponsable" afirmar ya que se exigirá la devolución parcial de las ayudas. Las mismas fuentes negaron también, como indicó la CIG, que Bruselas hubiese recibido informes "jurídicamente poco sólidos" por parte del Gobierno y de Pymar (la sociedad privada que representa a los pequeños y medianos astilleros).