15 de abril de 2009
15.04.2009
gestión contractual

El Tribunal de Cuentas dice que las Mutuas carecen de transparencia y objetividad

15.04.2009 | 17:52

Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social no han ajustado, en general, su gestión contractual a los principios de objetividad y transparencia a los que se deben adecuar todos los integrantes del sector público estatal, según el Tribunal de Cuentas.

Así consta en su informe de Fiscalización sobre los procedimientos de contratación de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social.

El Tribunal destaca que las Mutuas no han promovido concurrencia ni publicidad alguna en su contratación, con lo que han eludido así una de las principales formas de garantizar no sólo la objetividad y la transparencia en su gestión, sino también los principios de eficiencia y economía.

En este sentido, incide en que la aprobación de la Ley de Contratos del Sector Público ha supuesto una reforma en profundidad en la contratación de las Administraciones Públicas y de las entidades dependientes, por lo que subraya que debe significar un importante avance en la transparencia de las actividades contractuales de las Mutuas.

Además, el Tribunal señala que ha detectado "múltiples" supuestos de incumplimiento del régimen de incompatibilidades, que hace referencia no sólo a aquellas personas que desempeñando una actividad laboral o puesto de trabajo en el sector público, pretendan ejercer una segunda actividad laboral, pública o privada, sino a la prohibición de realizar actividades privadas que se relacionen con la entidad en donde estas personas estuvieran destinadas.

Sobre estos incumplimientos, informa de que ni las propias Mutuas afectadas han iniciado los expedientes disciplinarios oportunos, ni por parte del Ministerio de Trabajo se ha instado su incoación.

A su juicio, esta situación ha supuesto un uso impropio de los recursos públicos y del patrimonio de la Seguridad Social con una gestión de la contratación en la que los intereses privados se han solapado con el interés público, que han generado un beneficio económico "antijurídico" a quienes eran responsables de su gestión.

El Tribunal recomienda al Gobierno que estudie la conveniencia de promover una reforma de la Ley General de la Seguridad Social, en la se haga una referencia expresa a los principios de la Ley de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.

A este respecto, el Tribunal señala que ante la situación de escasez de personal facultativo en el sector sanitario y a la vista de las actuaciones ya emprendidas para solucionar esta falta en algunas comunidades, se promuevan reformas para resolver el actual conflicto entre dos intereses públicos legítimos, como son el cumplimiento del régimen de incompatibilidades y la efectiva prestación del servicio público, que garanticen la cobertura de las Mutuas.

Asimismo, al Ministerio de Trabajo le recomienda que estudie la posibilidad de estudiar modificaciones normativas en el régimen retributivo del personal al servicio de las Mutuas, con la fijación de un límite cuantitativo de las retribuciones de sus cargos directivos, así como su incremento anual.

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