Las inspecciones de trabajo de Galicia y Portugal, así como la Xunta, quieren poner freno al "tráfico ilegal" de obreros portugueses en el sector gallego de la construcción civil, la mayoría de los cuales son obligados a trabajar en condiciones de precariedad. Sólo durante el año pasado 1.014 obreros de este país sufrieron accidentes en la comunidad gallega, tres de los cuales murieron. Para evitar esta problemática, inspectores de ambos lados de la frontera del Miño y de la Consellería de Traballo llevarán a cabo 9.000 actuaciones -inspecciones e informes- en materia de economía sumergida y explotación laboral de extranjeros.

Ésta es una de las conclusiones a las que se llegó ayer en Baiona en unas jornadas sobre cooperación transfronteriza en materia de inspección laboral entre Galicia y Portugal. El Conselleiro de Traballo, Ricardo Varela, explicó que desde su departamento se está trabajando para mejorar la colaboración entre los inspectores de ambos países, con el objetivo de que ningún "pseudoempresario" pueda "aprovecharse de la situación de indefensión en que se encuentran los obreros lusos". "Vamos a ser contundentes ante las prácticas mafiosas, delitos que se perseguirán tanto por la vía administrativa como penal", amenazó el conselleiro.

El director territorial de la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social en Galicia, Carlos Domenech, admitió que cada vez hay más casos de explotación de obreros portugueses al incrementarse también el flujo de trabajadores que cruzan la frontera, pero matizó que no se puede hablar de mafias en sentido estricto, sino de "economía sumergida". "Calculamos que aproximadamente pueda haber unos 10.000 trabajadores portugueses en la comunidad", señaló.

En este sentido, el conselleiro de Economía precisó que sólo el año pasado se desplazaron a Galicia 1.671 trabajadores portugueses, casi todos empleados en el sector de la construcción civil. Según Varela, este dato ofrece una idea del movimiento de mano de obra, sobre todo si se tiene en cuenta que "sólo existe la obligación de comunicación los desplazamientos que supongan más de ocho días de servicio".

"Además hay que tener en cuenta los datos no oficiales", añadió en referencia al tráfico ilegal de mano de obra que no figura en las estadísticas, pero que genera graves consecuencias para las personas desplazadas.

Cooperación

Una mayor colaboración entre las inspecciones de ambos lado de la frontera se plantea como "la mejor solución". Al menos así lo cree Avelino Leite, delegado regional del Instituto de Emprego e Formaçao Profissionial de Portugal. Leite afirmó que la mayoría de los obreros lusos empleados en la construcción civil en Galicia acude de forma clandestina, "y ahí no es fácil actuar". "En la zona de Bragança ya se han llevado a cabo inspecciones conjuntas, portugueses y gallegos, con buen resultado", indicó.

Asimismo, para mejorar la actuación de la Inspección de Trabajo, Ricardo Varela adelantó que la plantilla actual de inspectores se verá reforzada este año con tres nuevos profesionales.