La comarca de Deza fue escenario en los últimos días de un importante operativo policial tendente a esclarecer una importante estafa llevada a cabo en una estación de servicio situada en esta zona. Con tal motivo, la Guardia Civil informa de la reciente detención de dos empresarias y vecinas residentes en el municipio de Poio como las principales responsables de un entramado criminal al que se le atribuye haber estafado algo más de 525.000 euros a una empresa proveedora de servicios de pagos, a través de la que financiaban las ventas a crédito de una gasolinera ubicada en la comarca dezana, aunque no indicaron su localización exacta.
Las investigaciones se iniciaron a principios de este año y fueron llevadas a cabo por la Unidad Orgánica de Policía Judicial, UOPJ (Grupo de Delitos contra el Patrimonio) adscrita a la Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra, a raíz de una denuncia presentada por la empresa financiera perjudicada por las malas artes de las detenidas en el Juzgado de Guardia de Lalín. En ella, la firma informó a la autoridad judicial de un presunto delito de estafa por parte de la estación de servicio dezana, lo que provocó el comienzo de las pesquisas por parte de la Guardia Civil.
Industrias “pantalla”
Según se desprende de las investigaciones realizadas por parte de la Benemérita de la capital, la estación de servicio de la comarca dezana desde donde operaban las detenidas tenía firmado un contrato de financiación de crédito con una empresa proveedora de servicios de pagos para gestionar la venta a crédito del gasóleo tipo “A” a distintas empresas “pantalla” que, a pesar de que en algunos casos podían estar inscritas en el Registro Mercantil, en realidad eran totalmente ficticias, tal y como demostraron los agentes al término del operativo.
De esta forma, y mediante el análisis de las facturas y demás documentación examinada por parte de los miembros de la UOPJ, se pudo constatar que las empresarias ahora detenidas habían solicitado varios créditos para avalar las falsas ventas del combustible al menos a tres de estas empresas, que las ubicaban ficticiamente en las provincias de Pontevedra, León y Madrid, respectivamente. El montante de la cantidad estafada asciende a un total de 525.020 euros, según indican desde el Instituto Armado.
Fruto de las investigaciones realizadas en el marco de la que se denominó como operación “Nazarín”, se procedió a la detención de estas dos mujeres empresarias, que tienen su domicilio habitual en el municipio pontevedrés de Poio, como presuntas autoras de los delitos de estafa continuada y falsedad documental, con las agravantes estimadas de reincidencia, cantidad defraudada y credibilidad comercial, según indica la Guardia Civil.
Durante las pesquisas policiales se efectuaron sendos registros, tanto en el domicilio que compartían las dos detenidas en el ayuntamiento de Poio, como en la estación de servicio situada en la comarca dezana, y se intervinieron finalmente un total de 6.000 euros y de 500 dólares americanos en metálico, varios aparatos informáticos, teléfonos móviles y abundante documentación relacionada con la operativa comercial, además de dos automóviles.
Grupo criminal junto a un vecino de A Estrada
Las dos mujeres empresarias detenidas en la operación “Nazarín” por presunta estafa en pagos a crédito desde una estación de servicio dezana también han tenido que responder ante la justicia por otras imputaciones. Según la Guardia Civil, a las dos se les atribuye además un delito de pertenencia a grupo criminal que estaba integrado por otro vecino residente en el ayuntamiento de A Estrada. Este hombre fue investigado penalmente y en el citado grupo criminal también figuran otros dos ciudadanos de nacionalidades rumana y argentina, que tenían su último domicilio conocido en Madrid pero que actualmente se encuentran en paradero desconocido. La Benemérita explica por último que las diligencias instruidas durante este operativo llevado a cabo entre Poio y un municipio de la comarca de Deza se entregaron en el Juzgado de Instrucción Número 2 de los de Lalín, que decretó el ingreso en prisión de una de las detenidas como principal responsable del grupo. El resto de implicados han quedado en libertad después de haber pasado por la sede judicial una vez finalizadas las investigaciones por parte del Grupo de Delitos contra el Patrimonio.
