El alcalde de Lalín, José Crespo, ve con preocupación que en el futuro Centro Integral de Saúde (CIS) no complete su cartera de servicios por problemas en la contratación de profesionales por parte del Servizo Galego de Saúde. En una reunión con los grupos de la oposición –Compromiso fue el único que declinó acudir– el mandatario explicó a Alba Forno (PSOE) y a Francisco Vilariño (BNG) las dificultades de la administración autonómica para contratar facultativos al estar condicionado por la normativa estatal. “Hay más vacantes que médicos”, indicó, en alusión a que la oferta de empleo ni siquiera podría completarse.

Este será uno de los temas que el alcalde despache mañana lunes con el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, un encuentro en el que el mandatario local llevará en cartera otros asuntos. Otro de los problemas estaría relacionado con la elección del destino por parte de los profesionales sanitarios, que optan por ciudades o áreas metropolitanas y suelen descartar villas medias o pequeñas. ¿Qué plantea Crespo como alternativa? Facilitar a los especialistas el acceso a la vivienda mediante por ejemplo convenios con la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) u otras vías para que los médicos se decanten por el complejo sanitario lalinense como destino. El CIS, en pleno proceso constructivo, debería entrar en funcionamiento a finales de este año o a comienzos del próximo.

Demanda contra Acega por el peaje

Abaratar el peaje de la AP-53 es uno de los objetivos que tiene en mente el frente común de alcaldes y Xunta, que han propuesto al Ministerio de Transportes que se habiliten 3 millones de euros anuales para aplicar en esta vía las mismas bonificaciones que las aprobadas para la AP-9. Con esta estrategia abierta, Crespo comunicó a la oposición otra línea en la que se trabajará con el propósito también de minimizar el impacto que el precio de la infraestructura tiene para sus usuarios. El mandatario anunció la presentación de una demanda contra la concesionaria para forzarla a cobrar solo por los kilómetros recorridos; es decir, que Autopista Central Gallega (Acega) no pueda exigir el abono del trayecto completo hasta Dozón a aquellos conductores que toman alguna de la tres salidas que hay en el término municipal lalinense. Considera que existen muchas posibilidades de ganar este pulso judicial que por ejemplo podría forzar a la empresa a habilitar una cabina de peaje en Lalín –la última, donde se paga el trayecto hasta Dozón está situada en el municipio silledense– y en consecuencia que el cliente pagase por el tramo de vía utilizado. Crespo contactó con los abogados que asumieron el asesoramiento en el caso de la AP-9, quienes le habrían comunicado que existen sentencias favorables en este sentido y que por tanto hay una posibilidad real de que el pleito contra Acega se resuelva de manera satisfactoria.