La implantación de una planta de reciclaje de neumáticos en el polígono de Botos provocó contestación social de una parte de los vecinos del entorno de esta parroquia lalinense. Fue una cuestión con la que el PP en la oposición cargó contra el gobierno por, a su juicio, no gestionar con diligencia un proyecto polémico por las dudas que generaba esta actividad para el medio ambiente.
El interés de la compañía Racso Soluciones por Lalín fue desvelado por FARO en julio de 2017 tras acceder al documento que había presentado ante la Xunta para la obtención de los preceptivos permisos. Tras varias idas y venidas, el Concello anunciaba meses después que no daría licencia municipal y la empresa respondía, como era previsible, con un recurso contencioso-administrativo. Fuentes próximas a la sociedad afirman que la vista se celebró en septiembre y octubre de 2019 en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Pontevedra, pero hasta la fecha no tiene constancia de una resolución en uno u otro sentido. El recurso probaría el interés de Racso de pelear por la obtención del permiso por entender que su industria cumple con los requisitos necesarios para asentarse en Botos.
El gobierno local, en enero de 2019, tras realizar las pertinentes consultas a los servicios jurídicos y urbanísticos municipales, adoptó la decisión de emprender el proceso para determinar la ineficacia de las comunicaciones previas presentadas por la compañía, de modo que éstas quedarían sin efecto. Esta postura difería de la inicial, de finales de 2017, cuando el ejecutivo indicaba que en principio y por la información que manejaba, el proyecto sí cumplía. Tras varios informes técnicos, algunos contradictorios, comenzaba a deslizar que Racso no tendría las puertas abiertas para recalar en la localidad. La empresa se aferró a cuestiones que consideraba clave como que la Consellería de Medio Ambiente tramitase su autorización con un modelo simplificado y no ordinario o que, según consta en la documentación, la Xunta indicase en el expediente que la actividad de la planta “no es previsible que genere efectos significativos sobre el medio ambiente”. Más tarde Aguas de Galicia denegaba permiso de vertidos a la empresa en esta ubicación ante la ausencia de una red de recogida de pluviales en Botos.
Los vecinos contrarios a la industria adujeron riesgo de incendio o de emisiones a la atmósfera para justificar su rechazo a la misma.
Cronología
Septiembre 2017. Resolución de la Xunta
El 27 de septiembre la Xunta emite la primera resolución conocida sobre un proyecto que FARO había desvelado el 7 de julio. La Dirección Xeral de Cambio Climático da a conocer un informe en el que se indica que no se estima necesario someter el proyecto a la evaluación ambiental ordinaria; es decir, se había apostado por un procedimiento simplificado. Incluye recomendaciones, como a de pedir al Concello el permiso de vertidos a la red pública o que si se demostrase una posible afección a los valores naturales de la zona, habría que tomar medidas de inmediato. Durante el plazo de exposición pública Concello de Lalín o Augas de Galicia, no contestan.
Noviembre 2017. Visto bueno municipal
El gobierno local se pronuncia sobre esta industria, señalando que en principio, y por la información que manejaba, el proyecto cumplía. La Xunta descartaba que la planta generase gran impacto sobre el medio ambiente.
Abril 2018. La negativa del Concello
Tras informes municipales, algunos contradictorios, el gobierno ya desliza su rechazo a la factoría. A mediados de ese mes enfatiza que no habría licencia con informes contrarios.
Abril 2019. Contencioso
La sociedad anuncia el registro de un contencioso contra el Concello por negarle la licencia.
