Entre el presente mes y abril caducan la mayoría de los contratos lecheros que firmaron el año pasado ganaderos y cooperativas con industrias lecheras. La situación es muy distinta a la que se presentaba en 2020, puesto que debido a la pandemia y sus confinamientos el mercado internacional de alimentos animales como la soja tuvo retrasos en los envíos. Por eso este alimento, así como el maíz o la colza, se han encarecido entre 20 y 30 euros por tonelada, como estima el presidente de Cobideza, Román Santalla. Desde la organización de productores de leche Agaprol, se calcula que esos incrementos en alimentación causan que producir 1.000 litros de leche cruda sea ahora 28,7 euros más caro.
Con este incremento de precio en el alimento animal, es lógico que también suban los costes de producción. “Y, sin embargo, la industria nos ofrece contratos que repiten los precios del año pasado. Estamos muy disgustados con este tema, porque las industrias deberían tener en cuenta esta circunstancia” añade. Una vez más, los ganaderos están en manos de la industria, y encima con contratos, la mayoría anuales, que arrancarán en plena primavera, justo cuando aumenta la producción de leche. Esto sirve de excusa para rebajar el precio en origen si estamos manejando contratos variables.
A la hora de firmar un contrato, ganaderos e industria pueden echar mano de esos contratos variables, que marcan un precio en función de varios índices como el consumo de productos lácteos o los costes de producción. Hay la alternativa de un contrato fijo, con un único precio ya establecido de antemano y al margen de lo que ocurra en la producción o en el mercado final y, por último, un contrato mixto. Estos contratos mixtos mantienen una parte del precio fija y la otra variable, en función de determinados índices, como los citados anteriormente. En los nuevos contratos mixtos que empezarán a entrar en vigor en los meses inmediatos “a los ganaderos y cooperativas nos queda un escaso margen de maniobra, porque el comportamiento de las industrias deja mucho que desear”, lamenta Santalla.
Los intermediarios no tienen en cuenta ese encarecimiento que padecen las granjas a la hora de producir leche, pero tampoco quieren ver que aumentó el consumo de leche y derivados, sobre todo durante los meses inmediatos a la declaración de la pandemia, durante la primavera del año pasado. Ese incremento ahora está ralentizado.
Normativa a favor
En este sentido, a finales de enero una organización de productores lácteos, Agaprol, envió una misiva al Ministerio de Agricultura para que la administración publique los costes de producción de las granjas. Con ese documento accesible, podrían iniciar con garantías la negociación de los nuevos contratos lácteos. Es más, un decreto de mayo de 2020, que modifica la Ley 12/2013, de medidas para mejorar el funcionamiento de la Cadena Alimentaria, hace hincapié en que los contratos lecheros deben especificar que el precio pactado cubre el coste efectivo de producción.
Llevó años conseguir que las industrias firmase un acuerdo de recogida de leche por un año como mínimo. Hoy en día, es la figura más extendida. Según el informe de diciembre que maneja el Ministerio de Agricultura sobre declaraciones de contratos, en ese mes en Galicia se rubricaron 7.031 contratos y acuerdos cooperativos. De éstos, 4.727 (es decir, el 67,2%) tienen una duración de un año o más; 1.801 (el 25,6%) oscilan entre los seis y los doce meses; 499 (el 7,1%) durante entre tres y doce meses y solo 4 estarán en vigor durante menos de tres meses.
