El presidente de la Asociación de Afectados de Paramos y Guillarei, Salvador García, aseguró ayer que la mayoría del vecindario afectado siente con inmenso dolor que el causante de la explosión de Paramos “no dé muestras de arrepentimiento”.
El cabeza visible de la asociación, constituida días después de que el almacén ilegal de productos pirotécnicos hiciera volar por el aire el barrio de A Torre, afirma que desde que se produjeron los hechos no hubo una petición de disculpas, ni a través de carta, ni a través de los abogados y pide humildad.
En nombre de los afectados, García asegura que las indemnizaciones que aparecen reflejadas en el auto de apertura de juicio oral, conocido este jueves, “nunca van a resarcir a algunas de las víctimas de las secuelas sufridas”, además de que cree que quedan años de dura batalla judicial para que esas indemnizaciones puedan hacerse efectivas, si algún día se hacen. “Se propone una indemnización para los hijos del matrimonio fallecido, Abdelkhalek y Zhour. Esos niños escucharon gritar a su madre de dolor, eso no se borra en la vida, no hay indemnización que repare eso”, dijo.
“Nunca van a resarcir a algunas de las víctimas de las secuelas sufridas”
García recuerda que solicitaron al juzgado que incluyese al Estado como responsable civil subsidiario, al entender que pudo haber negligencia en la vigilancia, permitiéndose el almacén ilegal. “Ni siquiera se planteo una declaración de los responsables de la vigilancia y control”, recuerda. Añade que con el Estado como responsable se tendría una mayor garantía a la hora de la responsabilidad civil y de las indemnizaciones.
Con respecto a las peticiones de las distintas acusaciones particulares y la propia de la Asociación de Afectados “entendemos que con la apertura del juicio todas se adherirán a Fiscalía y “esperamos que se consiga una pena lo más ejemplar posible”. Con todo manifiesta, haciendo suyo el pensamiento de la mayor parte de los afectados, que solo pueda pedírsele 14 años de cárcel al acusado “y decimos que barato sale, en términos de privación de libertad, segar dos vidas, dejar múltiples heridos, destrozar familias que vivirán con las secuelas de lo que ha pasado el resto de sus vidas”, señala.
El Concello se personará
Por otra parte, el alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro, dijo ayer que el Concello se personará en el juicio para reclamar 2,4 millones de euros, independientes del coste de reposición de servicios. 1,4 millones son por trabajos de descontaminación de amianto, de los cuales el Gobierno central ha reintegrado ya al Concello 400.000 y un millón ha sido reclamado por la vía judicial. El otro millón de euros es el coste de las ayudas sociales a los perjudicados que el Concello tuvo que asumir.
Cabaleiro cree que ese dinero volverá a las arcas municipales a través del acusado, su aseguradora o el consorcio de seguros. “Estamos convencidos de ello, y vamos a luchar para que así sea”, afirmó a preguntas de FARO.
El auto de apertura de juicio oral ya reconoce el coste de reposición de la red de abastecimiento, que supuso una inversión de 135.253 euros, la red de saneamiento, que costó 145.191 euros, la reposición de la red de alumbrado público, con un importe de 83.482 euros o el coste de la red de viales y mobiliario urbano, valorado en 57.809 euros.
