La demolición del bloque de viviendas ilegal de la Avenida Julián Valverde de Sabarís se dilatará al menos unos meses más de lo previsto al no presentarse ninguna empresa al concurso convocado por el Concello de Baiona para llevar a cabo los trabajos. La Administración local licitó la obra por 54.082 euros en marzo y se ha visto obligada a dividirla en lotes para volver a iniciar el proceso de contratación con el fin de dar cumplimiento a la sentencia de derribo que el Tribunal Supremo hizo firme en 2010.
Así lo explicó ayer el concejal de Urbanismo, Víctor Muñoz, tras comunicar en los últimos días al juzgado la decisión de retomar el proceso con la redacción del proyecto de derribo y dirección de la obra por un lado y la ejecución de la misma, por otro.
El PP critica el “despilfarro” en informes técnicos
La Administración municipal y los afectados ganarán tiempo así para tratar de legalizar el inmueble. Los asesores jurídicos de los propietarios de las 19 viviendas del bloque y de los 5 locales comerciales redactan un nuevo estudio de detalle para adaptar el edificio a la normativa. Un documento que el gobierno municipal espera llegue a tiempo para remitírselo al juez antes de que se materialice la ejecución forzosa de la demolición, proceso con el que, por otro lado, el Ayuntamiento debe seguir adelante para cumplir con el fallo judicial que dio la razón a un vecino que denunció irregularidades urbanísticas cuando se construyó el edificio en 2001.
El asunto saltaba ayer al debate político. El PP criticó el gasto de 18.029 euros por parte del gobierno municipal en el informe de redacción de las bases de contratación del proyecto de demolición y el pliego de cláusulas administrativas, uno de los lotes en que se ha fraccionado el contrato para agilizar los trámites.
Para los populares, se trata de un “despilfarro”, ya que ese tipo de documentos “podrían haberlos realizado técnicos municipales”. El concejal de Urbanismo lo niega porque “se trata de una demolición que requiere calculistas expertos en estructuras que no tenemos en el Concello”. El edil justifica la contratación externa de este trabajo con el que “los técnicos municipales no están familiarizados” para garantizar “la máxima seguridad en la ejecución”.
