Representantes de la Plataforma Logística de Valença do Minho-Geral, entidad privada que promueve un área industrial de más de un millón doscientos mil metros cuadrados en el Norte de Portugal, se desplazaron hasta Mos para presentar su proyecto a empresarios gallegos y comprometerles “todo tipo de facilidades” para que trasladen allí sus negocios. La reunión tuvo lugar en la sede de la Asociación de Empresarios de Mos (Aemos) y surgió a propuesta de la entidad lusa, después de que industriales de Mos y Vigo visitaran Valença do Minho para estudiar opciones de reubicación de sus empresas (de los polígonos de Monte Faquiña-Mos y Cotogrande y O Gorxal-Vigo) ante la presión que sufren por parte de las comunidades de montes de Tameiga y Cabral.
La junta directiva de Aemos insistió ante los representantes de la Plataforma que su primera opción es que las empresas mantengan sus actuales ubicaciones, aunque agradeció la disponibilidad portuguesa ante la grave situación de inseguridad jurídica que sufren hoy día muchas compañías. La Plataforma Logística ofreció 130.000 m2 de suelo urbanizado disponible a muy corto plazo y otros 500.000 m2 en un margen no superior a un año, a un precio de compra de 70-75€/m2, similar al que se oferta en la Plisan de Salvaterra. En la misma zona existe además suelo industrial de promoción pública, impulsado por la Câmara Municipal de Valença, a un precio todavía más competitivo.
Garantizar la amortización
El conflicto con las comunidades de montes se suscitó a raíz de que los tribunales otorgaran la propiedad del suelo que ocupan las empresas a estas organizaciones. Los empresarios denuncian que los comuneros de Tameiga decidieron no respetar las condiciones de los contratos fijados en su día por el Concello de Mos con las firmas, que habían afrontado millonarias inversiones para poner en marcha sus actividades bajo la premisa de contar con un canon determinado y una duración de la concesión suficiente para garantizar la amortización del negocio. Muchas de ellas se encontraron con que sus concesiones caducaban, sin que fueran a respetarse siquiera los acuerdos tácitos y verbales alcanzados con el Concello para prorrogarlas, y que la entidad comunal pretendía imponer un canon totalmente desorbitado e inasumible, con incrementos por encima del 1200%.
