El Juzgado de los Contencioso Administrativo Número 1 de Pontevedra ha anulado los acuerdos plenarios del Concello de Porriño en relación a dos modificaciones de crédito que ascienden a 1,5 millones de euros. El auto, contra el que cabe recurso de apelación, obliga al Ayuntamiento que preside Eva García de la Torre a repetir los dos plenos, que se celebraron el 30 de octubre y el 27 de noviembre de 2019 para aprobar dos reconocimientos extrajudiciales de crédito por valor de 752.000 euros y 750.000 euros para pagar facturas pendientes de pequeños y medianos proveedores de combustible, gas, telefonía, proyectos, servicios, publicidad, reparación de vehículos y actos varios. Servicios y suministros prestados, según el juez, “con omisión total y absoluta del procedimiento legalmente establecido”.
“Una gestión irregular e ilegal que en pleno contó con los votos a favor del PSOE, UDDL, BNG y EU Son”, denuncia el PP, que fue el único partido que votó en contra del pago de estas facturas, tal y como recordó ayer el portavoz de los populares, Alejandro Lorenzo, en rueda de prensa.
Lorenzo fue quien puso los hechos en conocimiento de la justicia, que falló en su favor al no constar en los expedientes la correcta ejecución de los servicios que el Concello quería pagar con la aprobación del crédito extraordinario. “Proceden de encargos verbales efectuados por autoridades o personal de la corporación municipal a terceros, sin tramitar procedimiento alguno, sin expediente de contratación, sin prefijar el precio o presupuesto, sin reserva de crédito, sin comprobar los requisitos de capacidad y solvencia del empresario, sin licitar, sin formalizar contrato y sin cumplir tampoco ni una sola de las formalidades exigibles”, sentencia el titular del Contencioso Número 1 de Pontevedra.
Más de 5 millones
En relación a esto, desde el PP ponen en duda “la veracidad de mucha facturación existente que, recordamos, supera los 5 millones de euros”. “Hay indicios de que estamos ante facturas por trabajos que jamás se realizaron y que se están pagando”, insiste Alejando Lorenzo, lamentando que “las empresas adjudicatarias nada tienen que ver con Porriño, ni están en nuestro Concello ni generan empleo en nuestro Concello; son empresas contratadas a dedo, facilitando prácticas caciquiles y favoreciendo a amigos, manifestando una clara connivencia entre empresa y administración”.
Por otro lado, apuntan desde el PP que, la persona que ejercía de interventora municipal en el momento en el que se contrataron estos servicios y suministros sin partida presupuestaria “reconoció que se trata de una práctica irregular que acontece de manera masiva y generalizada” en el Concello de Porriño, hasta el punto que “aproximadamente el 40% del casto corriente anual por este tipo de conceptos se analizan sin contrato y al margen del presupuesto”.
