Aumentar los coeficientes reductores de la edad de jubilación y mejorar la cobertura de los afectados por silicosis, son dos de las cuestiones que próximamente serán sometidos a debate a los parlamentos galego y español por iniciativa de la Central Intersindical Galega, con apoyo del BNG.
Según explicó ayer este sindicato a través de Plácido Valencia, secretario nacional da CIG-Construción, la federación de la Construcción y Madera de la CIG está intensificando en los últimos meses las gestiones institucionales “con el objetivo de ampliar los derechos laborales y sociales del personal del sector de la piedra, losa y mármol”.
En la proposición no de ley presentada en el Parlamento Galego se insta a la Xunta a poner en marcha de una manera inmediata una campaña de control de las condiciones de trabajo y de cumplimiento de la prevención de riesgos laborales en el sector de la industria de la piedra y del mármol. Así como a constituir una unidad especializada en la diagnosis y en el tratamiento de la silicosis, que sirva de centro de referencia para toda Galicia, para evitar que los afectados por esta enfermedad profesional tengan que desplazarse a Oviedo, ciudad en la que se localiza el Instituto Nacional de Silicosis.
Coeficientes reductores
En la proposición no de ley presentada en el Parlamento español a finales del año pasado se insta al Gobierno central a ampliar los coeficientes reductores de la edad de jubilación del personal del sector y a reconocer por ley la incapacidad total de las personas trabajadores diagnosticadas con silicosis de primer grado que no puedan acceder la otro puesto libre de polvo dentro de la misma empresa.
Según el informe del Instituto Nacional de Silicosis sobre situación en el sector hecho público el año pasado, entre 2008 y 2019 se diagnosticaron en el conjunto del Estado español un total de 2258 casos de silicosis, de los que 833 fueron detectados en Galicia. Los datos muestran un incremento progresivo de los casos registrados en la comunidad gallega, pasando de representar el 25,37% de los casos contabilizados en el Estado en 2008 al 42% en 2019. Esta cifra incluso llegó a representar el 47,5% en 2017, por lo que casi la mitad de los casos detectados en el Estado corresponden a Galicia. Además, la CIG considera “especialmente alarmante” el número de personas en activo diagnosticadas: 67 casos de 92 corresponden a personas en activo, el 72,82%.
