La contratación del servicio de limpieza que el Concello de Baiona realizó este verano para desinfectar los espacios públicos centra el debate político de la semana. El PP denuncia un presunto fraude por parte del gobierno municipal al fraccionar los pagos para evitar un concurso público en el que participasen más empresas.
Los populares consideran que el tripartito ha vulnerado la Ley de Contratos del Sector Público, que marca un límite de 15.000 euros para los contratos directos, sin licitación pública. El principal partido de la oposición asegura que la empresa ha presentado dos facturas de 13.100 y 13.800 “y queda una tercera”. Achaca el asunto la “falta de planificación” del equipo de gobierno, al que acusa de pretender privatizar el servicio de limpieza viaria.
El alcalde, Carlos Gómez, justifica esta forma de proceder “por la urgencia de limpiar y desinfectar zonas comunes como parques, plazas de abastos o accesos a supermercados”. Recalca que “el gobierno priorizó estas tareas dada la situación complicada de este año y la responsabilidad de garantizar la salubridad en el municipio”. “Hicimos lo que teníamos que hacer y por eso estamos muy tranquilos”, añade.
