Entre 2.500 y 3.000 euros en averías y mantenimiento más otros 4.000 de consumo eléctrico cuestan cada mes al Concello de Oia las controvertidas minidepuradoras que se encargan desde hace diez años del saneamiento de la franja litoral. Son los cálculos de la alcaldesa, Cristina Correa, que suman un coste total de 800.000 euros en una década, la mitad del presupuesto municipal anual. Una cantidad "insostenible" para un municipio que ronda los 3.000 habitantes. Así lo creen tanto el gobierno local como los grupos de la oposición y los numerosos vecinos que sufren las molestias y malos olores de los constantes desbordamientos de fecales, que coinciden en la necesidad de cambiar de modelo de saneamiento. La regidora se lo ha solicitado a la Xunta recientemente y el organismo Augas de Galicia, de la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, ha recogido el guante. Ayer mismo anunciaba el encargo de un estudio de alternativas a la red de depuración de aguas residuales en la zona.

EDAR o conexión a Baiona

Será la empresa Ingenia Proyectos Técnicos la que analice, por 18.000 euros y en un plazo de cuatro meses, la situación para detectar los problemas reales y ofrezca las opciones de mejora. El informe deberá contener un mínimo de tres soluciones. Una de ellas consistirá en continuar con el sistema actual, aunque con intervenciones que se deben diseñar para optimizar su funcionamiento y garantizar su capacidad, explicaron ayer fuentes de la consellería.

Las otras dos están todavía por definir por parte de los técnicos contratados, aunque tanto la alcaldesa como los dirigentes de Augas apuntan a la posibilidad de evaluar alternativas como la creación de una Estación Depuradora de Augas Residuais (EDAR) para todo el territoriocostero de Oia, o bien la conexión de la red de saneamiento a la de Baiona, en Cabo Silleiro.

A esta última instalación del municipio vecino está previsto llevar este año las aguas residuales del barrio de As Mariñas, en la parroquia de Mougás. Los presupuestos de la Xunta recogen una partida de 300.000 euros para ello.

El asunto fue objeto de un pleno monográfico solicitado por la oposición justo antes de la declaración del estado de alarma, en el que la oposición aprobó, con la abstención del gobierno popular, el traslado de una de las minidepuradoras, la de Porto Senín, a Pedornes para poner fin a los vertidos de aguas residuales e incluso detergentes que genera en medio de un núcleo de población junto al mar, Viladesuso. Los ediles abordaron también la necesidad de dotar de sistemas de tratamiento de las aguas residuales a Loureza y Burgueira. Para ambas parroquias interiores, el gobierno municipal apuesta por opciones sostenibles como la depuración a través de plantas macrófitas. Se trata de plantaciones de especies que filtran las impurezas del agua de forma natural que los dirigentes municipales consideran "idóneas".