La entrada al barrio de A Torre ya no muestra aquella escena de guerra que quedó grabada en la retina de todos a los que, hace justo un año, sorprendió la explosión de un almacén pirotécnico clandestino; y, donde antes de aquel 23 de mayo los relojes marcaban el ritmo de vida de los vecinos, hoy ya no queda nada. A este núcleo urbano de la parroquia tudense de Paramos le falta el sonido de una televisión encendida, el ruido de una lavadora centrifugando o los buzones llenos de propaganda electoral. Al barrio de A Torre le falta el matrimonio Hailas, las dos únicas víctimas mortales que se cobró el terrible estallido.

Dos menores de edad huérfanos, casi cuarenta heridos, treinta y una viviendas arrasadas en su totalidad y otras cuatrocientas casas con diversos daños sirven para definir la magnitud de la detonación, cuya onda expansiva cruzó el Miño y causó desperfectos incluso en Valença. El terror de los vecinos durante las horas siguientes a la catástrofe fue mayúsculo y ese pánico inicial se ha ido transformado a lo largo de estos 365 días en amargura, impotencia y desesperación; pues la lucha emprendida por el vecindario de Paramos para recuperar sus hogares ha sido titánica.

Salvador García es la cara visible de los damnificados por la explosión. La constitución de la Asociación Afectados de Paramos-Guillarei que este preside ha sido clave para que las demandas de los vecinos que se quedaron con lo puesto fueran escuchadas. Para eso hicieron falta reuniones diarias, varias manifestaciones y muchas noches sin dormir. "Los dos primeros meses dejé completamente mi trabajo para dedicarme a la Asociación", recuerda el presidente del colectivo vecinal.

La primera administración en responder a las demandas de Paramos fue la Xunta de Galicia, que desembolsó tres millones de euros; le siguió el Concello de Tui aprobando en pleno un fondo municipal de un millón de euros ampliable; la Diputación de Pontevedra aportó personal y, por último, el Gobierno Central, declaró el barrio de A Torre zona gravemente afectada por una emergencia de Protección Civil (zona catastrófica).

La "burocracia administrativa" es el obstáculo más grande con el que se han tenido que tropezar los afectados durante este año de pelea constante. Sobre todo con el Gobierno Central, a quien reprochan una concesión de 15.000 euros para cada primera vivienda arrasada, en caso de que la unidad familiar no supere el salario mínimo, y "ni un céntimo" para segundas residencias.

Precisamente al Estado le reclamarán en la causa judicial la responsabilidad patrimonial de la catástrofe por la falta de vigilancia de los explosivos detonados en el almacén ilegal de Francisco González Lameiro, el único investigado por el suceso, que desde hace dos meses se encuentra en libertad provisional después de haber pasado más de medio año en prisión.

Todo ese camino recorrido para devolver el barrio de A Torre a la "normalidad" está comenzando a dar sus frutos. La "zona cero" ya está libre de escombros y once familias ya tienen el permiso de licencia de obra mayor para comenzar a levantar sus viviendas. Once están pendientes de recibir el visto bueno y otras han decidido rehacer sus vidas en otro lugar. Aún así, "hay muchas cosas que se quedan fuera", indica Salvador García, quien explica que constantemente van apareciendo problemas que hacen que el presupuesto para reconstruir el barrio sea mayor, por lo que la Asociación no descarta pedirle a la nueva corporación que amplíe el fondo municipal destinado a Paramos, cuya ordenanza todavía están a la espera de su publicación en el Boletín Oficial.

Hoy, además de recordar a los fallecidos Abdelkhalek y Ezzoura, también será un día para hacer balance de todo lo vivido por los afectados de Paramos a lo largo de los últimos doce meses. Para ello se reunirán a las 16.23 horas en A Torre, donde realizarán una ofrenda floral al matrimonio Hailas y plantarán un roble, símbolo de la unión de los vecinos y el resurgir de la vida en su barrio.