"Satisfecho" por la sentencia favorable, Javier Carneiro Vilar, el percebeiro que inició este pleito contra la Xunta, el primero que llega a juicio de los más de cincuenta en marcha promovidos por el sector de a flote, insiste en que "esto no puede quedar así". "Nos han tratado como delincuentes, como furtivos, y lo que somos es profesionales que trabajamos con nuestros permex dentro de la legalidad. Se nos ha sancionado fuera de la ley y tiene que haber dimisiones, o la Xunta tiene que tomar medidas contra las responsables que han consentido esto, que son la jefa territorial de la Consellería do Mar en Vigo, Sonia Lorenzo Santos, y la directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Susana Rodríguez Carballo", manifiesta.

A lo largo de sus 22 años de trabajo en el mar, tanto en la extracción de percebe en barco como en la pesca de diversas especies, Carneiro asegura que "lo único que he hecho, yo y mis compañeros, es intentar trabajar con seguridad". "La ley nos permite faenar por tierra cuando las condiciones meteorológicas ponen en peligro nuestras vidas en el barco y ninguno queremos morir en el mar. Es muy sencillo y razonable", recalca.

No entiende que algo tan fundamental como "tratar de preservar la integridad física" lleve a "estos abusos de poder por parte de la Xunta". Y asegura que la oleada de denuncias y multas "sin base legal" por parte de la Administración autonómica ha causado "daños morales muy graves, y también económicos a todos. Hemos perdido muchas jornadas de trabajo por esto y hay gente a la que han intervenido el percebe y, tras archivarse el expediente, no se lo han pagado", explica.

Se trata, a su juicio, de una "caza de brujas, una campaña de persecución", contra un grupo de percebeiros, que tiene su origen, según las palabras de Carneiro, "en el decomiso, por parte de la Guardia Civil, de 30 kilos de percebe en la lonja", propiedad de la patrona mayor. Unos hechos que fueron el detonante de la crisis que vivió la Cofradía baionesa a lo largo de los últimos dos años.