"O equipo de goberno debe pedir perdón a todos os veciños pola ruina absoluta que supón para o Concello a sentenza do parking do Aral". Así de rotundo se mostró ayer el portavoz del PSOE baionés, Carlos Gómez Prado, tras conocerse el fallo judicial que condena al Ayuntamiento a pagar cuatro millones de euros por el aparcamiento subterráneo que rescató hace tres años. El socialista apunta a que la resolución demuestra "que o PP leva tres anos enganando aos veciños ao presumir de débeda cero e falso superávit, cando temos contraída unha débeda que compromete o 50% do orzamento municipal".
Gómez Prado lamenta la "mala xestión" del gobierno local, "que lle está custando máis de cinco millóns de euros ás arcas municipais, se á sentenza do parking sumamos as relacionadas coas contratacións irregulares no Concello". Recuerda que el Ayuntamiento "está intervido por Facenda e pola Xunta cun plan de axuste económico financeiro" y vaticina que todo ello "levará a unha subida de impostos".
BNG y Esquerda Unida-EU Son también se pronunciaron respecto a las consecuencias que la sentencia tendrá para los vecinos. Al concejal nacionalista Xosé Manuel Marcote no le sorprende el resultado del fallo, que viene a demostrar "que o goberno se empeñou en facer un parking cando non había necesidade e, froito desa mala xestión, teremos que asumir todos o custo". "Este é un escollo máis no mandato do PP, despois das sentenzas perdidas en materia de persoal e do proxecto do campo de golf", dijo. Por su parte, el portavoz de EU, Silvano Montes, señaló que "independientemente de la cantidad que establezca el juez, el problema de fondo es la construcción de un parking innecesario que va a lastrar los presupuestos durante años y limitar la inversión al mínimo".
Posible recurso de la empresa
La sentencia no es firme y el alcalde, Ángel Rodal, ya manifestó el martes que no descarta recurrir ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Tampoco lo desecha la parte demandante, la empresa Sofranda, que tomará una decisión en función del análisis del fallo que sus asesores jurídicos, el despacho de abogados Lupicinio Internacional, tienen en marcha.
El administrador de la compañía, Pedro Mouriño, mostró ayer su satisfacción porque la sentenciale "da la razón" e incrementa la valoración del inmueble respecto a la propuesta del Concello. Recalcó que "queda probado que hubo más de un millón en pérdidas, aunque por problemas procesales no se acepte su reclamación". Atribuyó el resultado de la resolución judicial a la "mala gestión del anterior alcalde, Jesús Vázquez Almuiña, y el actual, su primo, que dejan una herencia envenenada a Baiona".
