El abogado y representante legal de la Asociación de Residentes de Salvaterra en Buenos Aires, Roberto Mera, señala que "al margen de la situación jurídica de la propiedad del inmueble, nos encontramos con un colectivo fundado en 1921 que aún existe en la actualidad y que por razones políticas se vió privado de un terreno comprado y un inmueble construido con sus recursos económicos que, por esas vicisitudes políticas, acabó en manos de la administración autonómica de manera gratuita".
En 2003 la Xunta y el Ayuntamiento acordaron una cesión del inmueble por un período de 10 años prorrogables y en 2011 el entonces conselleiro del Medio Rural, Samuel Juárez, anunció un proyecto de acondicionamiento de la edificación con un presupuesto de casi 250.000 euros, que no se llegó a concretar. Según Mera, "en una reciente reunión mantenida con el alcalde de Salvaterra, este explicó a los representantes de la asociación que la transmisión del inmueble a favor del Ayuntamiento está bloqueada por diferencias económicas con la Xunta de Galicia".
Para la Asociación de Residentes "resulta sorprendente y lamentable que el edificio se esté arruinando y no se use para fines públicos. La Xunta de Galicia ni compró el terreno ni construyó el edificio sino que lo recibió gratuitamente como consecuencia de su incautación por la dictadura. Pretender obtener ahora un beneficio económico de un bien que fue literalmente robado y que se debía haber devuelto a sus propietarios es, cuando menos, una inmoralidad".
La Asociación de Residentes trasladó al alcalde Arturo Grandal su posición. El colectivo renuncia a reivindicar la propiedad pero exige que, por respeto y fidelidad al espíritu que guió a los socios de la Unión Progresista, se blinde su carácter público transmitiéndose la propiedad gratuitamente al Ayuntamiento para rehabilitarlo y destinarlo a usos sociales.
Además reclaman una reparación de la justicia histórica que supuso la incautación del inmueble reconociendo institucionalmente la labor de la emigración representada por la Unión Progresista y condenando la injusticia sufrida. Para eso proponen la celebración de un acto institucional de reconocimiento y la presencia de información permanente en el propio edificio una vez rehabilitado sobre el origen del inmueble, la labor de la emigración y de las sociedades agrarias y las injusticias derivadas del golpe de estado y de la dictadura. Por último, proponen que se compense al colectivo por la pérdida de su patrimonio a través de la firma de un convenio de colaboración con la Xunta y Ayuntamiento que permita atender las necesidades actuales de la sede de la Asociación en Buenos Aires y sus actividades.
