Firmar la orden de demolición del Hotel Balneario Talaso Atlántico ha sido un mal trago para el alcalde de Oia. Alejandro Rodríguez -aún de baja médica tras la angina de pecho que sufrió el pasado 27 de noviembre- reconocía ayer haberlo hecho obligado por las circunstancias, a pesar de considerar "injusto" el derribo. Lo hizo en el transcurso de un acto celebrado en la casa consistorial a petición de vecinos y empresarios del municipio que, preocupados por el futuro de una de las empresas más emblemáticas de la localidad, quisieron mostrar así su oposición al cierre del complejo termal.
"Defiendo el Talaso, sigo defendiendo el proyecto", aclaró Rodríguez, para asegurar: "Firmé la orden, tuve que hacerlo aunque la creo injusta". La apertura de este expediente de reposición de la legalidad urbanística da cumplimiento a la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 3 de Pontevedra que ordenaba la demolición del edificio -cuyas licencias fueron anuladas en 2009 por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG)- antes del 30 de diciembre. De este modo, el regidor también esquiva las multas coercitivas de 1.500 euros "o mayor cuantía" que debía satisfacer con cargo a su patrimonio personal.
A pesar de la orden que pesa sobre el Talaso, Alejandro Rodríguez confía en que su situación urbanística pueda aclararse antes de que actúe la piqueta. "Vamos a ver, vamos a seguir trabajando para evitarlo", afirmó el alcalde, quien anunció que técnicos municipales trabajarán ahora con los propietarios del complejo termal en la elaboración del proyecto de demolición. Rodríguez cree que, en caso de producirse, el derribo podría no ser completo: "Habrá que ver qué partes son legalizables y cuáles no". "No estamos en tiempos de derribar, hay que seguir buscando una solución para mantener los puestos de trabajo", agregó.
En paralelo, el Concello tramita el Plan Xeral, un documento urbanístico en el que se daría encaje al centro de talasoterapia. "Deberíamos tenerlo aprobado en 2015", apuntó Rodríguez, quien explicó que el Ayuntamiento espera remitir "este mismo mes" a la Xunta el documento para que emita los informes sectoriales pertinentes antes de su aprobación inicial.
Por último, el regidor de Oia se mostró "defraudado" con la Axencia para a Protección da Legalidade Urbanística -organismo dependiente de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas- a la que está adherido el consistorio. "En el próximo pleno propondré que el Concello la abandone porque no ha cumplido con el contrato que tenemos, ni en este caso -la demolición del Talaso- ni en otros muchos", afirmó, evitando aclarar cuáles.
