La comisión de gobierno del Concello de Ponteareas acordó adherirse al convenio de colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial, la Xunta y la Fegamp sobre la detección de supuestos de vulnerabilidad por desahucios de viviendas en la que el deudor tenga su residencia familiar habitual y posibilitar así la adopción de medidas de carácter social.
Este convenio establecerá un protocolo de actuación para que la Administración autonómica o local pueda adoptar decisiones para incluirlas, si cumplen los requisitos, en el programa de realojo de afectados por ejecuciones hipotecarias, gestionado por el Instituto Galego da Vivenda e Solo o, en su caso, recabar la intervención de los Servicios Sociales.
