El gerente de Astilleros Joaquín Castro, S. L., donde se realiza el mantenimiento periódico del transbordador para el servicio de comunicación fluvial entre A Guarda y Caminha (Portugal), mantiene que la obra de mejora realizada en la nave "es legalizable", reconoce que "hemos cometido un fallo procedimental" y anuncia la presentación de alegaciones al expediente sancionador y de restitución y reposición de legalidad, abierto por la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, debido a lo "actuaciones abusivas en la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre", en A Pasaxe, en Camposancos (A Guarda).

La Xunta incoa el expediente a los Astilleros Joaquín castro, S. L., como "promotor de las obras realizadas sin la preceptiva autorización autonómica en la zona de servidumbre de protección de dominio público marítimo-terrestre", en A Pasaxe, Camposancos, (A Guarda). Nombra como instructora del expediente y secretaria a funcionarias de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU).

Requiere al Astillero a que proceda a corregir la situación creada por cometer la infracción. Indica que en el caso de llevarse a cabo antes de la resolución del procedimiento, se puede reducir a la mitad la cuantía de la multa que pueda recaer, de conformidad con los artículos 97,3 de la Ley de Costas y 187.1 del R.C.

Notifica a los interesados que contra esta resolución no cabe interposición de recurso. La instructora y la secretaria pueden promover la recusación de la tramitación en cualquier momento, expresando las causas en que se funde.

Los Astilleros Joaquín Castro, fundados en 1958, con nuevos socios, cuentan en la actualidad con 8 trabajadores y 10 puestos de trabajo indirectos. La empresa realizó obras de mejora para trabajar con barcos de un máximo de 50 metros de eslora.

Como explica el alcalde de A Guarda, José Manuel Domínguez Freitas, el Concello ordenó su paralización de las obras en dos ocasiones, al carecer de licencia, y se abrió un expediente de reposición de legalidad. El regidor explica que la empresa presentó un proyecto para la legalización de la obra, pero el arquitecto municipal "requirió modificaciones al proyecto para solucionar deficiencias". La empresa no aportó nada más, por lo que el Concello remitió un escrito dando el trámite por "desistido", con lo que el expediente de reposición de legalidad está en vigor, en relación a la obra realizada en suelo urbano industrial. Manifestó el alcalde que "esperamos que nos traigan un proyecto que cumpla en el papel, y tendremos que ver si cumple en la realidad".

El gerente reconoce la complejidad del caso al corresponder a tres Administraciones: Concello, Xunta y Costas del Estado. Afirma que "la nave se aumentó en 10 metros de largo y se ha sustituido la cubierta con la misma altura que tenía". Manifiesta su disposición de "reponer la legalidad, como nos exigen". Precisa que sólo 13 metros de la obra y pocos metros del cierre perimetral (pendiente de informes de Costas y Concello) están en suelo protección del dominio público marítimo terrestre.