01 de noviembre de 2012
01.11.2012
Val Miñor

Un juez condena tres veces al Concello de Gondomar por "inactividad" urbanística

Tres fallos del mismo magistrado en los últimos seis meses obligan al Ayuntamiento a otorgar una licencia "atascada", cumplir una sentencia de derribo y ordenar la ejecución de unas obras

01.11.2012 | 13:12
Lameiro y Guitián. // José Lores

La parálisis de la oficina de Urbanismo de Gondomar salta al terreno judicial. Ya no solo es una cuestión que los partidos de la oposición reiteran en todos los plenos o en sus denuncias públicas desde hace años. El titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 1 de Vigo, Luis Ángel Fernández Barrio, ha emitido en los últimos seis meses tres sentencias condenatorias contra el Concello, en las que lo acusa de "inactividad administrativa". Y en los tres casos se refiere a cuestiones de urbanismo.

Tres familias distintas se han visto obligadas a recurrir a los juzgados porque el Ayuntamiento no cumplió a la hora de responder a sus reclamaciones. Así lo hace constar el magistrado en las tres sentencias que, independientemente de los problemas urbanísticos a los que dan respuesta, presentan una cuestión en común. Obligan al Concello a hacerse cargo de las costas judiciales.

El fallo más reciente, con fecha del 18 de octubre, insta al Ayuntamiento a conceder una licencia en Seidóns, en la parroquia de Mañufe. Los demandantes presentaron la solicitud del permiso urbanístico para construir una vivienda unifamiliar en junio de 2011, pero nunca obtuvieron respuesta. Solo un informe del arquitecto municipal que declara que la parcela se ubica en suelo de núcleo rural delimitado que no está afectado por la anulación del Plan Xeral de 1997, por lo que el magistrado considera que la casa "es autorizable" y que "el demandante se ha visto obligado a acudir a la Jurisdicción para remover los obstáculos que la Administración municipal había generado con su silencio".

La sentencia anterior data del pasado junio y requiere al Concello que ordene a un particular la ejecución de unas obras en su inmueble para evitar daños a una vivienda contigua y a velar porque este vecino cumpla. En este caso, fue otro vecino de Mañufe, concretamente en A Texosa, el que presentó en febrero de 2011 un escrito de denuncia ante el Ayuntamiento por filtraciones de agua en su vivienda a causa del hundimiento del tejado de la casa anexa. Un problema que creaba serios daños estructurales a su hogar. Tanto la inspectora de obras como el arquitecto municipal emitieron informes a favor del demandante, por lo que el alcalde, Fernando Guitián, ordenó las reparaciones al propietario de la edificación deteriorada el 1 de agosto de 2011. En marzo de este año, la inspectora de obras comprueba que la situación sigue igual. En abril se ordena la apertura de nuevo expediente al caducar el anterior, pero no constan más medidas por parte del Concello.

El tercer fallo, del pasado mes de mayo, condena a la Administración local a dar cumplimiento a una orden de demolición de una vivienda, emitida por el propio Concello de Gondomar en abril de 2001 a instancias de una denuncia de un vecino, en el barrio de Atalaia, en Vincios. El expediente incoado en las dependencias municipales corresponde a una casa sin licencia. A lo largo de una década, el Ayuntamiento llegó a imponer hasta once multas coercitivas a la propietaria. La afectada recurrió el derribo en los juzgados hasta que, en 2007, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, dio la razón al Concello y ratificó la orden de demolición. A partir de ahí, la propietaria consultó al Concello las condiciones en que debía ejecutar el derribo, pero nunca obtuvo contestación. Así que el denunciante inicial acudió a los juzgados. En este procedimiento, el juez destaca que la dejadez de la Administración local "es palmaria, no solo porque diez años después la demolición no se haya efectuado, sino también porque no consta que ninguna de las multas coercitivas haya sido cobrada, ni resueltos los recursos de reposición, pero también porque no se le haya ofrecido ninguna indicación a la propietaria sobre el modo en que debía proceder al derribo".

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