La Fiscalía imputa al portavoz del grupo municipal de Unión Centrista de Nigrán, Antonio Fernández Comesaña, en un caso de presunto fraude y tráfico de influencias por firmar un total de seis facturas correspondientes a obras no ejecutadas en el municipio durante el anterior mandato, en el que ostentaba el cargo de concejal de Infraestructuras. El proceso abierto por el ministerio fiscal está ya en manos del Juzgado de Instrucción Número 3 de Vigo e implica también al ingeniero jefe municipal nigranense, José Pérez Collazo, y al ingeniero de la Diputación Rafael Llano de la Concha.

Los tres declararon a lo largo de esta semana ante la Fiscalía tras concluir la investigación elaborada por agentes del Seprona de la Guardia Civil. Fuentes del instituto armado confirmaron ayer que los tres imputados se encuentran pendientes de personarse ante el juez para prestar declaración cuando sean requeridos.

Las pesquisas del fiscal comenzaron el pasado mes de enero, tras recibir las seis facturas por parte de un miembro del actual equipo de gobierno, integrado actualmente por siete ediles del PSOE. La compañía constructora Alvac reclamaba dichos recibos por un importe total de 53.000 euros al Concello por trabajos relacionados con proyectos de urbanización, instalaciones e incluso obras de ocupación y expropiaciones, además de un levantamiento topográfico en la calle Manuel González Prado, en la parroquia de San Pedro de A Ramallosa. El Ayuntamiento ni siquiera disponía en sus archivos de copias de dichos proyectos ni de estudios técnicos y en el citado vial no se había llevado a cabo ningún trabajo. Se trata de una carretera que une el barrio de Mallón con la parroquia de Parada, cuyo asfalto continúa en deficientes condiciones y carece de aceras. Además, el equipo de gobierno se negó a pagar las facturas porque las consideraba "sospechosas", puesto que se trata de una infraestructura de titularidad de la Diputación de Pontevedra, donde el Concello carece de potestad para dirigir ninguna obra.

Los recibos fueron emitidos por la empresa y confirmados por Antonio Fernández entre enero y abril de 2007, momento en que gobernaba el bipartito PP-Partido Independiente de Nigrán (PINN). El edil imputado era el número dos por aquel entonces de aquella formación independiente hoy desaparecida. La primera factura reclamaba al Ayuntamiento 10.000 euros en concepto de "proyecto de instalaciones 1ª fase en la calle Manuel Pablo [el nombre del vial aparecía confundido]", la segunda pedía otros 10.000 por "ocupaciones y expropiaciones", mientras que la tercera reclamaba otros 7.000 por "levantamiento topográfico". El cuarto recibo, por importe de 7.000 euros, correspondía a "instalaciones y urbanización 2ª fase", el quinto a "ocupaciones y expropiaciones 2ª fase" por 7.000 y el último, a "redacción de proyecto 1ª y 2ª fase de urbanización" por 12.000 euros.