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Los ayuntamientos pagan rápido a los autónomos, pero algunos grandes contratistas, no

El presidente de UPTA, Eduardo Abad, urge mecanismos que penalicen a las empresas morosas

Imagen de archivo de una obra pública, en Vilagarcía INAKI ABELLA DIEGUEZ

“Es engañoso decir que la mayoría de los Ayuntamientos pagan en tiempo y forma a los autónomos”, afirma el vilagarciano Eduardo Abad, presidente de la organización estatal de trabajadores por cuenta propia UPTA. Y sostiene que dicha afirmación es “engañosa” porque si bien la mayoría de las administraciones municipales sí abonan las facturas dentro de un plazo máximo de un mes desde que las reciben, los autónomos se encuentran casi completamente desprotegidos cuando son subcontratistas en obras públicas de otras empresas de mayor envergadura.

Abad hizo estas declaraciones a preguntas de FARO a raíz de la publicación del periodo medio de pago a proveedores de los ayuntamientos españoles, que el Ministerio de Hacienda ha dado a conocer. En términos generales, los municipios de O Salnés figuran entre los más rápidos en pagar. Algunos no tardan ni una semana en abonar las facturas. “Los Ayuntamientos de O Salnés tienen un nivel de pago muy satisfactorio, incluso municipios con presupuesto elevado, como el de Vilagarcía”, asegura Eduardo Abad. Pero esto no supone que la situación sea idílica para los trabajadores por cuenta propia.

“Mayoritariamente, las grandes empresas son las que ganan los concursos públicos, y ellas sí cobran en tiempo y forma de las administraciones, pero después dilatan los pagos a las pequeñas empresas que han ejecutado los trabajos”, destaca Abad en relación a las controvertidas subcontratas. La morosidad de las empresas grandes puede comprometer seriamente la viabilidad de muchas sociedades unipersonales o familiares, de ahí que el presidente de UPTA sea partidario de que las administraciones implanten medidas de control sobre los grandes contratistas.

La mayoría de los municipios arousanos cumplen la Ley de Morosidad y pagan en un plazo inferior al mes

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“Sería necesario modificar la legislación de concursos públicos, y especificar que las empresas que incumplan la Ley de Morosidad con los subcontratistas tendrán una penalización y no podrán participar en nuevos concursos públicos durante un tiempo determinado”, añade Eduardo Abad.

El dirigente de la organización de autónomos también plantea una alternativa más rápida y ágil a la modificación legislativa, que a menudo exige unos consensos políticos que tardan en producirse. “Las administraciones podrían incluir en las bases reguladoras de sus concursos cláusulas para el control de la morosidad”, declara el arousano. Así, aboga por exigir a los aspirantes a concursos públicos que aporten un certificado de que están al corriente de los pagos a sus proveedores.

En la situación actual, prosigue Abad, las adjudicatarias de los concursos se escudan en una cláusula que les permite eludir el plazo de un mes para el pago de los recibos, que es la conocida como “pacto en contrario”. Dicha cláusula permite incumplir el plazo de 30 días si están de acuerdo las dos partes contratantes. En la práctica, según el presidente de UPTA, los autónomos se pliegan a las exigencias de las empresas y aceptan la condición a regañadientes, sabedores de que si se niegan es posible que la empresa busque otra subcontrata.

Hasta tres meses

La Ley de Morosidad que obliga a las administraciones públicas (y a las empresas) a pagar sus deudas antes de 30 días es un mecanismo que puso en marcha el Gobierno central durante la recesión de 2008, con la finalidad de evitar la zozobra de miles de pequeñas empresas por falta de liquidez.

Los ayuntamientos contratan cada mes cientos de servicios: la provisión de material de oficina o de obra; la realización de trabajos de mantenimiento de la vía pública; talleres infantiles o espectáculos culturales... entre otros muchos. A menudo, estos proveedores son autónomos. En O Salnés, la Mancomunidade es la que paga más tarde (su periodo medio de pago en el segundo trimestre de este 2022 fue de algo más de tres meses, 101 días), y Vilanova mejoró ostensiblemente en los últimos balances. Hasta no hace mucho, su periodo medio de pago rondaba el año, pero entre abril y junio pasado se quedó en solo 72 jornadas. Algo similar ha sucedido en Catoira, que abonó los recibos a una media de 77 días.

Meaño y Meis, los Concellos que pagan más rápido

El informe del Ministerio de Hacienda publicado esta semana y relativo a los periodos de pago a proveedores durante el segundo trimestre del año (de julio a septiembre) indica que siete municipios cumplen la ley y pagan las liquidaciones antes de que transcurra un mes desde la recepción de las mismas. Hay cuatro que no lo hicieron (Valga, Catoira, Vilanova y Vilagarcía), y tampoco lo hace en tiempo la Mancomunidade. Las cifras de morosidad de los Ayuntamientos arousanos eran peores a 31 de marzo pasado. En aquel momento eran seis los municipios que se excedían en el periodo, a los que había que sumar la Mancomunidade do Salnés. Sin embargo, en aquel momento era menor el importe total de la deuda con los proveedores pendientes de satisfacer.

En el primer trimestre de este ejercicio, once municipios de O Salnés y Ullán -Hacienda no publica los datos de A Illa- y la Mancomunidade do Salnés tenían en los cajones liquidaciones pendientes de resolver por valor de 6,4 millones de euros, y el segundo trimestre se ha cerrado con recibos pendientes que suman 7,4 millones. En esto influye directamente el municipio de Valga, que en el primer trimestre de este año tenía pendientes de pagar 670.000 euros, e ingresaba el dinero a los proveedores a poco más de 30 días, mientras que el segundo lo cerró en casi 100 días -el municipio peor en esta materia de toda la comarca-, y facturas sin abonar por valor de dos millones de euros.

Por municipios, los más rápidos de O Salnés en pagar a los proveedores han vuelto a ser Meaño (2,40 días de media desde la entrada de la liquidación por registro) y Meis (3,2 jornadas). Son igualmente buenas las cifras de Sanxenxo (10,2 jornadas), Cambados (11), o Ribadumia (16 días). También cumplieron la Ley de Morosidad en el segundo trimestre del ejercicio O Grove y Pontecesures (en torno a 26 días). Finalmente, se exceden del límite el ya mencionado municipio de Valga, Catoira (77 días de periodo de pago), Vilanova (72), y Vilagarcía, por muy poco con 35,6 días.

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