El alcalde de Manzaneda, Amable Fernández Basalo, explicó ayer en Vilagarcía que cuando llamó a la Policía Nacional para pedir cita para el grupo de refugiados que acogió su municipio hace dos semanas, los funcionarios de la Comisaría le advirtieron de que tendrían que llevar con ellos un traductor. Basalo salió de la emboscada administrativa gracias a un ucraniano que trabaja en la zona y que lleva en España desde los ocho años, pero pudo costarle mucho más.
“No estamos hablando de que haya que llevar un traductor de inglés o de francés, que puede ser más o menos fácil encontrarlo, sino de que nos piden que vayamos con un traductor de ucraniano. Esto es una emergencia, y en un momento así las Comisarías de Policía deberían contar con sus propios intérpretes”, sostiene el regidor.
Las dimensiones de la avalancha humana que ha provocado la invasión rusa de Ucrania y de la ola de solidaridad que se ha producido en Galicia han generado nuevas necesidades, y políticos y asociaciones instan a las administraciones públicas a resolverlas. El caso de Manzaneda es paradigmático, pues se trata de una localidad poco habitada y a la que han llegado en dos semanas 17 desplazados. Esto no solo ha generado la necesidad de contar con intérpretes, sino de dotar a los colegios de profesores de apoyo. “Han llegado seis niños, y aunque las profesoras están encantadas con ellos y se desviven para que estén bien, la barrera del idioma hace que se queden sin tiempo para atender bien a todos los demás”, sostiene el regidor.
Ainhoa Fervenza, portavoz de la asociación Galucrania, explica que los menores que llegaron en el primer autobús ya están escolarizados -entre ellos, uno acogido por una familia de O Grove-, y que si bien los trámites para darse de alta en la Seguridad Social se están resolviendo con relativa rapidez, está costando más la llegada de los papeles que les permitan desempeñar un empleo. “De todos modos, el principal problema que nos estamos encontrando es el shock emocional en el que llegan”, concluye.
