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Faro de Vigo

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Buscaban en Venezuela mujeres pobres y les ofrecían trabajo de camareras, pero luego las obligaban a prostituirse en Meis

Dos presuntos proxenetas serán juzgados en Pontevedra el martes

Un vehículo de la Guardia Civil, en una actuación en el club de alterne investigado. | // IÑAKI ABELLA

La sección cuarta de la Audiencia de Pontevedra juzga el martes próximo, 18 de enero, a un hombre y una mujer, que en 2018 regentaban un club de alterne en Meis, como presuntos autores de tres delitos de trata de seres humanos para su explotación sexual. El fiscal reclama para cada uno de ellos 22 años de prisión. A mayores, el procesado se enfrenta a otro año de prisión por una presunta agresión sexual cometida sobre una de las mujeres. Además, se han fijado indemnizaciones para las tres víctimas por un montante total de algo más de 33.000 euros.

En el escrito de acusación de la fiscal del caso se sostiene la tesis de que los dos acusados, de nacionalidad brasileña y rumana, captaron en 2018 a tres mujeres de Venezuela para ejercer la prostitución en su club de Meis. En los tres casos, las mujeres estaban pasando por graves penurias económicas.

Al llegar a España, los procesados les obligaron supuestamente a ejercer la prostitución y como estaban en situación irregular en España, no les dejaban salir de su habitación a determinadas horas del día y, si por algún motivo debían abandonar la casa donde se encuentra el club, les imponían una multa de 60 euros.

Estos son algunos de los datos que constan en el escrito de acusación, de un caso que se juzgará este martes en Pontevedra a partir de las 10 de la mañana. La instrucción procede del Juzgado 4 de Cambados, que es el que conoció el asunto después de que el 9 de julio de 2018 agentes de la Guardia Civil descubriesen la penosa situación de las tres mujeres.

Las víctimas declararon que si salían del club por cualquier motivo les imponían una multa de 60 euros

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El Ministerio Público plantea que en la primavera de 2018, los dos acusados estaban al frente del “Pigalle”, un local de alterne situado en la recta de A Goulla, en la carretera de Vilagarcía a Pontevedra, a su paso por el término municipal de Meis. Según la tesis defendida por los investigadores, los procesados tenían una serie de contactos en Venezuela, que eran las encargadas de localizar a mujeres que estuviesen pasando por dificultades económicas serias. Estas personas identificaban a las mujeres, y les proponían la posibilidad de irse a trabajar a España. Si aceptaban, las ponían en contacto con los presuntos proxenetas españoles.

El escrito de acusación indica que la primera víctima captada por este método tenía a su cargo a tres hijos menores y a su madre. La segunda también estaba pasando por penalidades puesto que ni ella ni su pareja trabajaban, y tenían un hijo menor. Finalmente, la tercera mujer captada era una chica que había cumplido los 18 años apenas unos meses, y que había decidido ponerse a trabajar porque, “la situación económica en su casa era de mucha necesidad”. De los tres casos, solo la primera de las mujeres sabía que en España iba a ejercer la prostitución, puesto que las otras dos recibieron la promesa de que trabajarían como camareras.

Turistas

La fiscal del caso argumenta que los dos procesados pagaron a sus víctimas los billetes de avión de ida y vuelta, y que les enviaron una reserva de hotel de entre siete y diez noches, y dinero en efectivo para pasar la frontera.

Su objetivo era que se hiciesen pasar por turistas. En los tres casos volaron desde Caracas a Lisboa (pero en fechas diferentes), y de ahí llegaron por medios diferentes a Vigo, donde fueron recibidas por los procesados. Estos, las condujeron directamente al “Pigalle”.

El relato que realiza la Fiscalía de su estancia en el club de alterne es escalofriante. Según la acusación, avisaron a las tres mujeres de que habían contraído una deuda con ellos (de entre 2.200 y 3.300 euros), y que no cobrarían nada hasta que se la abonasen por completo. Para ello, tenían que ejercer la prostitución, y solo podrían descontar unos 30 euros de la deuda por cada servicio sexual.

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