Cada año que pasa, aumentan los usuarios del Servicio de Axuda no Fogar (SAF). El envejecimiento de la población y el reconocimiento de un mayor número de casos de dependencia propician que cada vez sean más las personas que reciben apoyo en sus domicilios, y que disfrutan de más horas.
Una situación que está empezando a convertirse en una pesadilla contable para los Ayuntamientos, pues sus gastos se están disparando. A modo de ejemplo, el alcalde de O Grove, José Cacabelos, afirma que la Administración municipal destinaba 30.000 euros de sus presupuestos a Ayuda en el Hogar en 2007; en este 2021, esa cuantía se situará entre los 300.000 y los 350.000 euros.
La ayuda en el hogar es fundamental para muchas familias con personas dependientes a su cargo o dependientes que viven solos. Durante unas determinadas horas a la semana (que varían según la severidad de la discapacidad del usuario), una trabajadora visita sus domicilios y les echan una mano con las tareas básicas, como la comida, la limpieza del hogar o el cuidado personal.
El coste del servicio ha aumentado desde los 11 euros la hora de 2007 a los entre 16 y 18 de la actualidad, pero la aportación de la Xunta sigue siendo la misma
El problema para los ayuntamientos es que aunque la Ley estatal de Dependencia de 2006 establece que tienen que financiarlo en su totalidad las Administraciones central y autonómica, en la práctica los concellos están asumiendo en torno a un 40 por ciento del coste. Una pesadísima losa para las arcas municipales.
Los 9,70 euros de la discordia
“La Xunta de Galicia tiene que aumentar sus aportaciones al servicio, puesto que se trata de una competencia autonómica y recibe fondos del Estado para este fin”, sostiene Xurxo Charlín, concejal de Facenda de Cambados. “Los Ayuntamientos nos estamos ahogando económicamente para mantener la prestación, porque cada vez hay más población mayor y dependiente, y el precio del servicio sigue incrementándose. O se cambia el modelo actual y la Xunta asume el cien por cien del coste o a la larga será inviable económicamente”, añade Charlín.
La Ley de Dependencia establece que serán las autonomías las que reconozcan el grado de dependencia de cada usuario y las horas de ayuda a que tendrá derecho, y que serán después los Concellos los encargados de contratar el servicio con una empresa externa y de llevarlo a cabo. La normativa plantea que lo financiarán el Estado y las Autonomías. Sin embargo, los concellos están soportando gran parte de la carga económica, puesto que la Xunta no actualiza sus aportaciones desde 2007.
El presupuesto total de Cambados para el SAF se aproxima a los 600.000 euros, y el de O Grove ronda los 800.000
José Cacabelos, alcalde de O Grove, explica que en 2007 cada hora de ayuda en el hogar costaba 11 euros, y que la Xunta aportaba 9,70 euros por cada hora. En este momento, el servicio le suponía a las arcas municipales de O Grove unos 30.000 euros.
Pero la situación ahora es totalmente distinta. Las empresas cobran más por hora de servicio (el precio de mercado ya se sitúa en casi todos los concellos entre los 16 y los 18 euros), y hay más usuarios y con más horas asignadas. Pero la Xunta sigue aportando los mismos 9,70 euros de hace quince años.
“A día de hoy, en O Grove tenemos reconocidas 48.000 horas de dependencia, y el servicio ya supone un coste de unos 800.000 euros, lo que significa prácticamente un ocho por ciento de nuestro presupuesto municipal. De todo ese dinero, el Ayuntamiento aporta entre 300.000 y 350.000”, manifiesta Cacabelos. Esto supone que en la última década y media, este concello ha multiplicado por diez sus gastos en ayuda en el hogar.
El servicio cuesta en Vilagarcía 1,2 millones de euros
El Ayuntamiento de Vilagarcía explica que el servicio de ayuda en el hogar cuenta en estos momentos con 144 usuarios. En 2015, cuando accedió al gobierno el socialista Alberto Varela, eran solo 66. La demanda se ha multiplicado un 120 por ciento, y esto ha tenido su reflejo en los presupuestos. En 2015, la ayuda en el hogar requería 516.000 euros, frente a los 1.213.000 actuales.
Pese a todo, Vilagarcía no es de los ayuntamientos que lo están pasando peor, ya que tiene el servicio adjudicado hasta 2023, con precios tasados y una partida específica en cada presupuesto anual, lo que evita las fuertes subidas que posiblemente deberán afrontar los concellos que están a punto de sacar a licitación el servicio.
El Concello de Cambados también gasta mucho más. En 2015, el presupuesto del SAF ascendía a 230.000 euros, pero en 2020 se invirtió más del doble del dinero, hasta llegar a los 570.000 euros. Hace unos meses, Somos Cambados ya presentó una moción solicitando a la Xunta más dinero.
Postura de la Xunta
El problema no es nuevo, y los Concellos llevan años pidiendo a la Xunta de Galicia que asuma la totalidad del coste de la ayuda en el domicilio o, al menos, que actualice sus aportaciones y ponga más dinero por hora. Tanto es así que la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) y la Consellería de Política Social llevan meses negociando sobre este asunto.
Una negociación, “que está prácticamente cerrada”, indicaba esta misma semana el gabinete del alcalde de Vilagarcía, y presidente de la Fegamp, Alberto Varela.
La Consellería de Política Social, por su parte, argumenta que, “el gobierno gallego es consciente de las dificultades que están pasando los Concellos debido al aumento de la demanda”, de ahí que se hayan comprometido con la Fegamp, “a revisar el precio que se asigna al Servicio de Axuda no Fogar”.
La Xunta culpa al Gobierno central de aportar solo el 25 por ciento de los fondos necesarios para financiar la dependencia
Política Social también dice que, “es un servicio de competencia municipal cuya financiación asume, sin embargo, en gran parte la Administración autonómica”.
Desde San Caetano, además, culpan al Estado, pues entienden que la Administración central colabora menos de lo que debería en los gastos de la dependencia, con lo que la responsabilidad financiera, “se carga casi exclusivamente sobre las arcas autonómicas”. “Tres de cada cuatro euros que financian la dependencia salen de la Xunta, y solo el euro restante, menos del 25 por ciento, proviene del Gobierno central”. En Galicia, hay 24.000 usuarios.
Cacabelos: “Estamos en un callejón sin salida”
El alcalde de O Grove, José Cacabelos, es muy crítico con el actual modelo del sistema, hasta el extremo de que en su opinión la salida no es que la Xunta ponga más dinero para el SAF, sino que lo financien en su totalidad las Administraciones autonómicas y el Estado. Él considera que los Concellos no tienen por qué cargar con la financiación del servicio, pues en la Ley de Dependencia de 2006 se especifica que la responsabilidad no es municipal.
“La Ley de Dependencia dice que el servicio es municipal, pero que lo tienen que financiar al cien por cien la Xunta y el Estado. Sin embargo, lo que sucede al final es que los Concellos estamos asumiendo el 40 por ciento del coste”, prosigue Cacabelos. El regidor cree que los Concellos deberían plantarse y no permitir más esta situación, pero asume que ningún alcalde dejará de prestar el servicio por mucho dinero que le cueste, pues perjudicaría a sus vecinos. “Estamos en un callejón sin salida”.
La postura de la Fegamp, que preside el alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, es también clara. “La ayuda en el hogar está suponiendo un gran esfuerzo para las arcas municipales, porque los Concellos aportamos más del 40 por ciento de lo que cuesta el servicio con nuestros propios fondos y sin recibir transferencias extra para ello. Pero lo hacemos por vocación de servicio a nuestros vecinos, porque si no muchas personas que lo necesitan no podrían disponer de esta atención”.
La Fegamp plantea que, “el estrés económico de las cuentas municipales es cada vez mayor”, y no solo por el SAF, sino también por otros gastos impropios. Por ello, confían en que la negociación con la Consellería de Política Social cristalice pronto para aliviar las cuentas municipales.
