Portos de Galicia ha sacado a información pública la modificación sustancial que quiere realizar en la Delimitación de Espazos e Usos Portuarios (DEUP) del puerto de San Tomé- Tragove, en Cambados. Ese documento es fundamental para reordenar todo el espacio portuario de la villa del albariño, pero una de lasx cuestiones en liza es definir los usos del Salón Peña, actividad que enfrentó al ente dependiente de la Xunta y al Concello.
El nuevo documento diseñado por Portos contempla que el Salón José Peña se encuentre dentro de una zona calificada como de "integración puerto-ciudad", clasificación que permitirá a la nave acoger un amplio abanico de actividades lúdicas y culturales, sin limitarse a eventos relacionados con edl mar o la industria pesquera, el origen del conflicto entre las dos administraciones desde el pasado mes de diciembre. El objetivo es que, una vez superado este trámite, el documento alcance la consideración de definitivo y pueda aplicarse en el último trimestre del año.
A finales de 2019 estalló la polémica entre Portos de Galicia y el Ayuntamiento de Cambados. La administración municipal había utilizado históricamente el salón José Peña para todo tipo de eventos multitudinarios: desde fiestas de Navidad y Entroido, hasta desfiles de moda, conciertos y hasta mítines políticos. Así se había hecho tanto en la época del Partido Popular en la Alcaldía, como desde 2015 con los gobiernos de coalición.
Sin embargo, a finales de 2019 terminaba el periodo de concesión del edificio (está en terrenos portuarios), y Portos de Galicia anunció que no renovaría el permiso, alegando que había habido denuncias de particulares indicando que en Peña se estaban organizando eventos que poco o nada tenían que ver con el mar.
Entonces, se indicó desde la Xunta que para desbloquear la situación no quedaba más remedio que redactar un nuevo Plan de Usos, más flexible y abierto. La polémica estuvo a punto de desembocar en una guerra más o menos abierta entre el Concello y Portos (que depende de la Consellería do Mar), hasta el extremo de que el Ayuntamiento amenazó con llevar el asunto a los tribunales. No fue necesario, ya que ambas administraciones se sentaron y consiguieron encontrar un punto de acuerdo para la redacción de este documento.
