Tras la conferencia de Laura Seara y María Jesús Bóo se proyectará el vídeo "Non co meu móbil", que el GDR de O Salnés-Ulla-Umia ha financiado para distribuir posteriormente en centros educativos y departamentos de Igualdad para que sea utilizado dentro de sus campañas de prevención de violencia de género entre los adolescentes. El audiovisual fue realizado por la directora gallega Xudit Casas, y en él se abordan nuevas formas de violencia, como la "sextorsión", el "stalking" o el "crooming".
-A menudo, aparecen formas de violencia nuevas tan rápidamente que los padres y profesores son incapaces de detectarlas a tiempo. ¿Les sucede lo mismo a los adolescentes o ellos las perciben antes por ser nativos digitales?
-Hemos avanzado mucho, y los jóvenes sí tienen un conocimiento de lo que sucede, aunque no lo perciben como violencia de género. Eso es algo que nos alarma. Una adolescente a la que su pareja controla los mensajes de WhatsApp está siendo víctima de violencia de género, pero en muchos casos ellas lo perciben como un signo de amor, y eso es demencial.
-¿Los padres tienen que controlar los contenidos que visualizan sus hijos a través de internet, sus redes sociales y sus aplicaciones de mensajería, o atenta eso contra su intimidad?
-Sin duda hay que hacerlo. Las recomendaciones más serias apuntan a que hay que aumentar el control parental y disminuir las horas que pasan los menores con las nuevas tecnologías. La escuela tiene un papel, el Estado otro, y las familias también tienen el suyo. Lo que es muy importante es dar formación a todos los implicados.
-¿Cuáles son los rangos de edad más peligrosos?
-Las personas más expuestas son las adolescentes, pero también se da en mujeres ya mayores de edad. De todos modos, quiero decir que la cuarta ola feminista que se está viendo ahora desde el 8-M del año pasado ha generado una conciencia muy crítica entre las mujeres más jóvenes. Hay datos muy preocupantes, pero también una importante masa crítica.
El Grupo de Desenvolvemento Rural (GDR) Salnés-Ulla-Umia celebra esta tarde una conferencia sobre la violencia de género en mujeres y niñas con discapacidad. El acto es a las 20.00 horas, en Exposalnés (Cambados), y es abierto al público. También está prevista la asistencia de representantes de varias asociaciones como Bata, Con Eles, Esperanza Salnés o Codi. Al término de la conferencia, se proyectará un vídeo sobre las formas de violencia de género que pueden ejercerse a través del teléfono móvil. Una de las conferenciantes será Laura Seara, que fue directora del Instituto de la Mujer y secretaria de Estado de Igualdad en 2011 con Zapatero, así como portavoz de la Comisión de Discapacidad del Congreso de los Diputados entre 2011 y 2015.
-¿Por qué es necesario un evento específico sobre violencia de género en mujeres y niñas con discapacidad?
-La violencia de género es estructural, y la sufren mujeres de todas las condiciones económicas y sociales. Se produce con mayor o menor intensidad en todos los países del mundo porque tiene una raíz cultural muy profunda relacionada con la desigualdad. Pero cuando a esa desigualdad estructural le unimos la discriminación por razones de discapacidad, vemos que esas mujeres integran una población de riesgo y que son mucho más vulnerables. En 2015, en España se hizo una macroencuesta de violencia de género, y el 31 por ciento de las mujeres con un grado de discapacidad reconocido del 33 por ciento o más declararon haber sufrido algún tipo de violencia fisica, sexual o psicológica por parte de su pareja o expareja. Pero nosotros creemos que hay muchos más casos que no se denuncian. De hecho, el Parlamento Europeo indicó en un informe sobre las mujeres de grupos minoritarios que casi el 80 por ciento de aquellas que tenían alguna discapacidad habían sido víctimas de violencia.
-¿A qué se debe ese desfase tan evidente en las cifras?
-Hay muchos casos que no se denuncian, dado que las víctimas con discapacidad se encuentran con más barreras en los servicios sanitarios y sociales, cuando acuden a denunciar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y en los juzgados, que las mujeres que no tienen discapacidad. Además, en la macroencuesta de 2015 no se contemplan los casos de violencia ejercida por los cuidadores, ya sea en instituciones o en el propio domicilio de la víctima, o por miembros de la familia de la mujer.
-¿Padecen más formas de violencia que las mujeres que no tienen ninguna minusvalía?
-La violencia de género adopta muchas manifestaciones. Algunas de ellas están muy conectadas con la discapacidad, pero están pasando desapercibidas. Por ejemplo, los abortos selectivos, o las esterilizaciones forzosas. En España aún hay tribunales que están avalando las esterilizaciones forzosas de mujeres con discapacidad. Las piden sus familias, con la idea de protegerlas, pero lo que están haciendo es privarlas del derecho fundamental a crear su propia familia. También conocemos casos de explotación sexual comercial, de violencia en la vejez, el empleo de niñas para la mendicidad, de aislamiento en las relaciones familiares y de amistad, o de manipulación de las ayudas económicas que reciben las mujeres sin contar con su opinión...
-¿Se sienten más cuestionadas por los medios policiales y en los juzgados?
-Sí, y lo cierto es que se les da menos credibilidad. Esa es una de las grandes violencias que sufren las mujeres con discapacidad. Eso genera una discriminación en el acceso a la justicia y provoca que estén más expuestas a la vulneración de sus derechos.
-¿Temen quedarse sin la custodia de los hijos si denuncian?
-No es que tengan miedo, es que se están quedando. Ya conocemos varios casos.
-¿Están preparadas para ellas las casas de acogida si tienen que abandonar el hogar?
-Las casas de acogida tienen que ser las mismas. No podemos crear guetos. Pero sí es cierto que algunas casas de acogida todavía no están adaptadas.
-¿Qué deben hacer los poderes públicos para revertir esta situación?
-Tenemos una buena legislación, pero es muy necesario formar adecuadamente a todos los profesionales que intervienen en el proceso, desde los que forman parte de los servicios sociales municipales o de los centros de la mujer (CIM), hasta los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y el personal de los juzgados. Las mujeres con discapacidad tienen en ocasiones mayores dificultades para acceder a la información sobre los recursos que están a su disposición y sus derechos, por lo que hay que mejorar la accesibilidad de esos canales de información. Otro aspecto a mejorar es que tienen que existir servicios de acompañamiento, para que estas mujeres puedan recibir una atención especializada cuando acuden a la Policía o a un juzgado. Y necesitamos muchos más datos, porque todavía queda mucha violencia que no se denuncia.
