Las verduleras que no estén inscritas en el Registro de Explotaciones Agrarias de Galicia (Reaga) no podrán vender en la plaza de abastos de Vilagarcía a partir del próximo 30 de junio. Así se lo comunicó hace unos días a Rosa Pesqueira, presidenta de la agrupación de vendedoras de productos hortícolas, el concejal de Promoción Económica, Juan Antonio Pérez Callón. "A finales de este mes tenemos que estar dadas de alta para poder vender", en cumplimiento de la normativa de la Xunta de Galicia, que en 2014 creó el Reaga en aras de garantizar la seguridad alimentaria.
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Esta medida afecta, fundamentalmente, a vendedoras jubiladas que, en días de mercado, buscan un complemento a sus pensiones con la venta de productos de sus propias huertas. Algunas han confirmado a FARO que esta exigencia les obligará a cesar la actividad porque "no compensa", ya que tendrán que declarar sus beneficios, pagar el IVA correspondiente y cumplir unas normas de facturación "propias de industrias o de grandes multinacionales", apunta Manuel Ángel Dopazo, de Unións Agrarias. Estarán forzadas, además, a tener un "libro de campo" en el que anotar toda la vida del producto, desde su adquisición para plantarlo hasta la venta directa final en plazas o feria, incluyendo datos sobre su cuidado, qué productos fitosanitarios se le aplican y en qué días. Este libro, que permite seguir la trazabilidad del producto, pueden exigírselo en cualquier momento.
En Vilagarcía "hace tiempo que están amenazando con esto y nos tememos que se haga extensivo a todas las plazas de abastos de la comarca, lo que supondría un abandono masivo" de la actividad por parte de muchas vendedoras, comenta Dopazo. Cifra este posible abandono entorno al 50 o 60%, lo que en Vilagarcía supondría, si se cumpliera esta ratio, más de 40 de las 80 verduleras que trabajan en el mercado municipal. Varias vendedoras con actividad en la capital arousana ya acudieron en los últimos meses a las oficinas de Unións Agrarias para tramitar su inscripción en el Reaga y "legalizar" su situación. Se trata, en la mayoría de casos, de profesionales.
A juicio de Manuel Ángel Dopazo, tanta exigencia "es una forma de obligar a muchas vendedoras a abandonar", ya que la comercialización de productos hortícolas "les supone muy poco beneficio y que es un complemento para sus economías". Tantos requisitos burocráticos para vender poca mercancía "es una traba más que hará que a estas señoras no les sea rentable la actividad", añade el sindicalista de Unións Agrarias. Desde su punto de vista "no se pueden aplicar normativas tan duras y de difícil cumplimiento", tratando "como industriales a señoras que plantan cuatro lechugas, unos pimientos y unos pocos tomates en sus huertas" . Dopazo acusa a la Xunta de Galicia de "legislar para grandes multinacionales" ya que "acabaremos comiendo lechugas que se recogieron hace un mes en Holanda en lugar de productos frescos". E l sindicalista apunta que Vilagarcía es la única localidad de la comarca en la que, por el momento, se va aplicar esta medida. "Los ayuntamientos tienen muchas competencias en las plazas de abastos y, dependiendo de quien gobierne, aplican la normativa a rajatabla o son más permisivos". Por eso, recomienda a las afectadas a que "presionen al Concello" ya que, "por desgracia, hoy en día hay que recurrir a las protestas ante los políticos" ante situaciones como esta.
El decreto que regula la venta directa de productos agroalimentarios entró en vigor en septiembre de 2014. Anotarse en el Registro de Explotaciones Agrarias, darse de alta en la Sección de explotaciones de venta directa, cumplir con las guías sanitarias del sector, apuntar en cada venta el nombre del producto, cantidad, fecha y lugar de comercialización e identificar los alimentos a granel o envasados con sus características son algunos de los trámites impuestos por esta norma a quienes quieran vender sus productos en ferias locales o tiendas.
Subvención para actividades
Al margen de esta polémica, la asociación de vendedores de productos hortícolas en la plaza de Vilagarcía recibirá una subvención 4.963 euros de la Dirección Xeral de Comercio de la Xunta. El colectivo invertirá este dinero en la adquisición de bolsas y en la organización de actividades, como degustaciones de ensaladas o zumos dirigidas a niños y al público en general a finales del verano, explica la presidenta, Rosa Pesqueira.