En la Xunta insisten en que el método químico de análisis de biotoxinas marinas "es más caro, más lento, no aporta mayor seguridad y perjudica seriamente al sector productor y comercializador de moluscos bivalvos". En ello incidió ayer la directora del Intecmar, Covadonga Salgado, pero es que esos son, también, los argumentos principales de los informes presentados por la Administración autonómica ante el Gobierno central y la UE.
En 2009, poco después de llegar al poder, el nuevo gobierno gallego se posicionaba en Bruselas en contra de un método químico "innecesariamente restrictivo" que, vaticinaba, "causará un enorme impacto económico y sociológico en Galicia". Se defendía así el bioensayo en ratón porque "funciona a la perfección" y se plantaba cara a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, por sus siglas en inglés), que como avanzaba FARO en julio de 2009 proponía extremar los controles de las biotoxinas.
Las Consellerías de Mar y Sanidade contraatacaron con un informe entregado a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria en el que se recalcaba que las técnicas vigentes entonces estaban avaladas por la Comisión del Codex Alimentarius, creada en 1963 por la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO) de Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Pero la Xunta advertía, igualmente, de que cambiar el sistema analítico podría fomentar la comercialización irregular de productos, provocar la desaparición de buena parte de las bateas gallegas y convertirse en un duro golpe para la economía de Galicia.
Aquel informe gallego defendido ya en 2009 reivindicaba que se mantuvieran los métodos de análisis y los niveles de referencia existentes por considerarlos "efectivos para garantizar la protección de la salud de los consumidores".
Al tiempo que se hacía constar que "Galicia es la región con mayor producción de moluscos bivalvos en Europa", Mar y Sanidade se preguntaban "cuál será el impacto sociológico (de un cambio de sistemas analíticos) y cómo explicar a un sector del que no se han reportado problemas sanitarios graves que se rebajan los niveles permisibles amenazando seriamente su viabilidad" .
En base a esto, válido un lustro después, Galicia argumentó que "no existen datos epidemiológicos que aconsejen imperativamente una modificación de los niveles actuales (de biotoxinas); los existentes se han mostrado efectivos para garantizar la protección de la salud de los consumidores".
A pesar de todo esto la UE imponía su criterio e implantaba el sistema químico, el cual iba a convivir durante los últimos años con el método biológico aplicado hasta ahora. Transcurrido el plazo establecido, desde el pasado 1 de enero el único método oficial de referencia es el impuesto por Bruselas. El futuro dirá cómo afecta realmente a los bancos marisqueros y bateas de mejillón de las rías gallegas.
