La crisis económica tiene dos lecturas para el colectivo de abogados. De un lado, en los juzgados se tramita un mayor número de causas –en los últimos meses se han disparado las relacionadas con reclamaciones de dinero–, y eso implica más trabajo. Pero por el otro se encuentran conque buena parte de los ciudadanos a los que se les deniega la justicia gratuita eluden después el abono de honorarios al abogado que le asistió.

Varios letrados de los partidos judiciales de Cambados y Vilagarcía afirman que el problema se ha agravado desde el comienzo de la crisis económica. El delegado en Vilagarcía del Colegio de Abogados de Pontevedra, Máximo Patiño, refrenda la denuncia. "Es habitual que las personas a las que se les deniega la justicia gratuita no paguen a los abogados. Pero con la crisis se están agudizando los impagos". Patiño sostiene que estos se producen sobre todo en los asuntos de Penal.

El delegado de los abogados en Vilagarcía apunta que esta circunstancia puede hacer mucho daño a algunos profesionales "porque hay abogados para los que el turno de oficio es la fuente principal de sus ingresos". Por ello, entiende que es hora de que el Estado introduzca un cambio en la legislación que regula el turno de oficio.

"Del mismo modo que cuando tienes un accidente con un vehículo que carece de seguro puedes recurrir a un Consorcio de Compensación y éste, después, puede ir contra el conductor que circulaba sin seguro, lo lógico es que la administración cubriese los impagos a los abogados de oficio y que después le reclamase el dinero al ciudadano", plantea.

Entre los partidos judiciales de Cambados y Vilagarcía trabajan algo más de 150 abogados, de los cuales unos 90 están en el turno de oficio, lo que significa cerca del 60 por ciento. En Vilagarcía y las poblaciones de su área de influencia operan unos 85 abogados, de los cuales unos 50 participan en el programa de justicia gratuita; y en Cambados y los demás concellos del sur de la comarca son unos 70 profesionales, de los cuales 38 están en la lista de oficio. Máximo Patiño señala que la Xunta de Galicia está relativamente al día en el abono de los pagos –hace poco transfirió a los colegios el dinero de las guardias del primer trimestre de 2011–, pero que entre el sector existe preocupación "porque la crisis también afecta a las administraciones, y tenemos miedo de que empiecen a retrasarse los pagos". Según los colegios de abogados de Galicia, en 2010 la Xunta y el Estado gastaron 13 millones de euros en justicia gratuita, un 34,5 por ciento más que en 2009.

La cifra se dispara porque en los últimos meses también lo hizo el número de litigios relacionados por ejemplo con la familia –separaciones, custodias de hijos– o con el mundo laboral y mercantil –despidos, impagos–.

Reclamaciones

María Dolores Salgueiro, de Meaño, cuenta que lleva 14 años en ejercicio, y que "antes podía tener uno o dos casos de impago al año, como mucho. Pero incluso me ponía en contacto con esas personas y al final pagaban. Pero en 2010 tuve que acogerme por primera vez al procedimiento de Reclamaciones de Minuta, y presenté seis o siete".

José Redondo, de Vilagarcía, cree que muchos impagos se producen "porque los usuarios piensan que cuando solicitan la justicia gratuita y se la conceden provisionalmente ya no tendrán que pagar al abogado. Pero la concesión aún tiene que venir aprobada definitivamente, y cabe la posibilidad de que sea denegada. Cuando eso pasa el ciudadano se resiste a pagarle al abogado porque anda muy justo de dinero". Pablo Leiva, de O Grove, sí que percibe también un aumento preocupante de los impagos, y considera injusto que los abogados tengan que buscarse la vida para cobrar.

"Yo entiendo que cuando un una solicitud de justicia gratuita entra en la administración debería ser ésta la que se responsabilizase de cobrar, con independencia de que la acepte o la rechace. Porque la administración sí tiene facultades y medios para cobrar, vía apremio, y después de todo nosotros estuvimos prestando un servicio por encargo de la administración".