El altruísmo es el motor de un sistema de trasplantes público que sitúa a España a la cabeza del mundo. Y una empresa alemana pretende “torpedear nuestra línea de flotación”. Rafael Matesanz, director de la Organización nacional de Trasplantes, así lo afirma al hablar de la actuación de la empresa alemana DKMS, dedicada a la captación de donantes de médula. La entidad actúa legalmente en su país, pero no ha pedido permiso como es preceptivo en España para ejercer una actividad sanitaria como es promocionar y obtener donantes ni a las Comunidades Autónomas, ni al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Además la ley española exige que “la promoción de la donación se haga de forma general, sin buscar el beneficio de personas concretas”.

Todo empezó a mediados de octubre en Avilés (Asturias) cuando DKMS convocó una donación masiva de médula para Hugo Pérez, un español con leucemia a la espera de trasplante en Alemania. De ahí consiguieron 1.235 donantes, según la propia empresa, cuyas muestras biológicas (saliva, es decir, ADN) salieron de España sin permiso de autoridad sanitaria alguna, lo que infringe la Ley de Protección de Datos, según la ONT. Por cada registro-doante DKMS cobra 50 euros, aunque desde su página web, se piden también donaciones y se da un número de cuenta.

Esos donantes que salieron de Asturias para una persona concreta, forman parte ya del registro que DKMS ofrece al mundo. Si alguno de ellos resulta compatible, por ejemplo, con un receptor en España, la ONT tiene que pagar 14.500 euros por la médula a trasplantar. Un coste que sería cero, si el donante se hubiera apuntado como tal al registro del sistema público español, el REDMO, que coordina la Fundación Carreras por delegación de Sanidad desde 1994.

La empresa DKMS, que se ha inscrito como Fundación en España, asegura en un comunicado que no tiene ánimo de lucro y que actúa en España dentro de la legalidad. No considera que existan requisitos formales para ejercer como registro de médula o células de sangre de cordón. Pero España tiene leyes y es soberana. Según la ONT se le han pedido explicaciones sobre su actuación aquí y la única respuesta ha sido por parte de la compañía alemana, una amenaza de querella.