El pasado 26 de agosto se cumplían dos años de la muerte del batería del desaparecido grupo Los Piratas, Javier Fernández. El músico sufrió un brote agudo derivado de la enfermedad psiquiátrica que sufría y terminaba falleciendo en su casa de Guláns (Ponteareas) a consecuencia del disparo un guardia civil que alegó que usó su arma porque su compañero, al que Fernández habría amenazado, corría peligro. Este agente se sienta el viernes en el banquillo de los acusados del Juzgado de lo Penal 2 de Pontevedra.
Mientras la Fiscalía no pide pena alguna para él al entender que "actuó en legítima defensa", la acusación particular ejercida por los padres y mujer del fallecido solicitan un pena de 4 años de prisión y 6 de inhabilitación como autor de un delito de homicidio por imprudencia profesional grave. Según sus allegados, Javier estaba en un estado agresivo debido a una crisis generada por cambios en un tratamiento para una dolencia psiquiátrica.
