El juicio contra una organización especializada en asaltar vehículos de reparto de empresas por toda España se saldó ayer en la Audiencia viguesa con un acuerdo de conformidad. Siete de los ocho acusados aceptaron penas que suman en total más de 13 años de cárcel, mientras que el octavo sólo fue sentenciado como responsable civil. La banda, que tiene más causas pendientes, era experta en robar en furgonetas o camiones que transportaban elevadas cantidades de dinero o cajetillas de tabaco. Aunque ninguno de los condenados es de Vigo ni tampoco ninguno de los robos juzgados ayer tuvo como escenario esta ciudad, en la investigación se constató que habían estado en la provincia de Pontevedra y de hecho recientemente hubo otra vista contra la misma red en un juzgado de lo Penal de la urbe olívica.

Las condenas impuestas a los siete acusados oscilaron entre los 6 meses y los 2 años y 11 meses de prisión. Los delitos por los que se siguió esta causa fueron los de robo con fuerza continuado, integración en grupo criminal y receptación. A cuatro de los procesados se les impuso la agravante de reincidencia, mientras que todos ellos fueron beneficiados con la atenuante de dilaciones indebidas -los hechos se remontan ya a hace siete años- y, con la excepción de dos, con la de reparación del daño. Cinco de los acusados comparecieron en la sala de vistas, mientras que otros tres aceptaron la pena a través de videoconferencia.

Los hechos juzgados ayer ocurrieron en un período de tres meses en 2009. Los condenados actuaban como un grupo organizado en el que cada uno tenía su función asignada. Aunque la mayoría de asaltos fueron en Cádiz, también perpetraron otros en distintos puntos como Málaga, Badajoz o Zaragoza. Su objetivo eran furgonetas de reparto, que previamente habían vigilado y controlado, y que iban cargadas de dinero en efectivo o cajetillas de tabaco. El total de los bienes sustraídos en los robos superó los 140.000 e uros de valoración económica. Los condenados también deberán abonar las indemnizaciones a los afectados. La Fiscalía solicitaba cantidades que superaban los 90.000 euros.