El matrimonio de agresor y víctima duró más de quince años, hasta que en agosto de 2011 se produjo el "cese de convivencia". El divorcio de mutuo acuerdo quedó reflejado en una sentencia de 23 de septiembre de 2011, apenas veinte días antes del crimen. La ruptura se desencadenó "por una relación afectiva con una tercera persona" atribuible a la mujer, según consta en el informe de los médicos forenses sobre la valoración psiquiátrica del condenado.

El conflicto personal se agravó cuando en octubre, mes en que sucedió el homicidio, apareció "otra persona" en la vida de la fallecida, "con presencia física a nivel familiar y social". El informe forense que se refleja en la sentencia concluye que "la conducta violenta" que dio lugar al crimen está relacionada "con una manejo inadecuado de este conflicto" que surgió a raíz de la nueva relación sentimental de la víctima.