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Quince de los 19 acusados de tráfico de drogas en O Vao aceptan penas de entre 3 y 4 años de cárcel

El juicio sigue contra tres supuestos abastecedores que negaron su participación

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C. GARCÍA - PONTEVEDRA Un total de 15 de los 19 acusados en el macrojuicio contra las redes de tráfico de droga que operan en el poblado de O Vao aceptaron ayer penas de entre tres y cuatro años de prisión tras reconocerse autores de un delito contra la salud pública y conseguir así una rebaja en la pena que inicialmente solicitaba la Fiscalía. Además, la mayor parte deberán abonar multas que oscilan entre los 2.000 y los 40.000 euros. El fiscal archivó temporalmente el caso contra una mujer mayor enferma, y la vista seguirá contra los tres supuestos abastecedores de droga que negaron su implicación con el caso.
La mayoría de los que se conformaron con la pena son miembros de tres familias de etnia gitana que residían en el poblado de O Vao, así como algunas de las personas que les suministraban la sustancia estupefaciente desde Pontecesures y Cambados. La mayor condena, de cuatro años y 40.000 euros de multa, será para Pedro Camacho Borja, quien coordinaba uno de los grupos familiares de venta de heroína y cocaína en el poblado chabolista de O Vao.
Esta conformidad permitió que estos quince acusados abandonasen la sala una vez que reconocieron ser autores de los hechos. Todos ellos fueron detenidos en el transcurso de la "Operación Volusia", una investigación que inició la Policía Local de Pontevedra en torno a una vecina de Mourente, Ana María Jiménez Jiménez (conocida como "Pilar") y que desembocó posteriormente en una espectacular redada en junio de 2006 en la que participó más de un centenar de agentes de la Policía Nacional apoyados desde el aire por un helicóptero.
Los otros tres acusados, los arousanos Carlos Olañeta Carballa y Edelmiro González Santiago, junto con el colombiano Roberto Carlos Cuervo Quiñones, se declararon inocentes y negaron que fueran los encargados de suministrar droga a esta vecina de Mourente, Ana María Jiménez Jiménez, quien la vendía por su cuenta y que también abastecía a miembros de su familia que residían en el poblado. El juicio seguirá contra ellos. El fiscal antidroga de Pontevedra pide penas de 5 años de prisión para Carlos Olañeta y Roberto Carlos Cuervo y de 6 años para Edelmiro González.

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