Las 57 personas detenidas en España por pornografía infantil, una de ellas en Coruña como presunto imputado, habrían distribuido cuatro millones de archivos de contenido pedófilo, todos ellos con menores de 13 años como protagonistas y otros muchos con imágenes de abusos a bebés de países europeos distintos de España, según informaron fuentes de la investigación.

Agentes de la Brigada de Investigación Tecnológica (BIT) del Cuerpo Nacional de Policía iniciaron la investigación hace casi siete meses gracias a la colaboración ciudadana, que permitió localizar una serie de descargas a través de "Emule", programa para redes P2P, bajo nombres que hacían referencia "muy explícita" a abusos sexuales cometidos sobre menores. "Los menores van siendo cada vez más menores y hay víctimas de cortísima edad", indicaron las mismas fuentes, que agregaron que "todas las imágenes intervenidas son escabrosas".

El perfil de los acusados es muy diverso, ya que figuran personas con diferentes profesiones como empresarios, parados, taxistas o enfermeros, con edades comprendidas entre los 20 y los 50 años. Entre los detenidos también se encuentra un obrero, un transportista, un operario de maquinaria pesada, un cocinero, un químico, un jubilado, un estudiante o un empleado del aparcamiento regulado de Barcelona. Además, los agentes han imputado a otras 23 personas delitos de tenencia, distribución y compra de este material a través de Internet. Algunos de estos acusados, habrían "borrado, estropeado o formateado"sus ordenadores y no habrían albergado "grandes cantidades de pornografía infantil".

Al parecer, ninguno de los arrestados tiene antecedentes penales ni habrían sido autores de los abusos sexuales cometidos sobre los menores. Por otra parte, cuatro usuarios españoles habrían adquirido este material mediante pagos con tarjeta de crédito desde varias páginas web internacionales. La Policía ya se ha puesto en contacto, a través de Interpol, con las autoridades de los países que registraban esas páginas web o sus proveedores.

En los 41 registros practicados en más de 20 provincias españolas, se han incautado 88 discos duros y numerosos soportes digitales, entre otros efectos.