Carlos Paz y Concepción Alonso, padres de dos jóvenes que pertenecieron a la disuelta Orden y Mandato de San Miguel Arcángel, ratificaron ayer ante la juez titular del Juzgado de Instrucción y Primera Instancia Número Uno de Tui las acusaciones de supuestos abusos sexuales por parte del líder de la supuesta secta de Oia, Feliciano Miguel Rosendo da Silva, ateniéndose a los testimonios de sus hijas, supuestas ex monjas.
"Los padres saben perfectamente lo que hay de primera mano. Sus hijas no necesitan más pruebas que su propio testimonio", concretó la abogada de la acusación, Ana Reguera, que representa a víctimas y a perjudicados. Valoró que "todo está yendo de puertas para adentro del Juzgado, como tiene que ir", dentro de la ronda, iniciada este mes, de declaraciones de 21 testigos y perjudicados citados en el Juzgado de Tui, que investiga la supuesta comisión de delitos de asociación ilícita, contra la Hacienda Pública y abuso sexual, éste último sólo en relación a Miguel Rosendo. Están imputadas 13 personas.
El matrimonio que declaró durante la mañana de ayer, también perteneció a la organización en la que permaneció durante casi dos décadas. Llevó a sus hijas a la Orden y Mandato cuando sólo tenían 9 años de edad.
Una de ellas, que salió de la supuesta secta, testificó el pasado día 6 de abril como presunta víctima de abusos por parte de Rosendo. La otra hija, que los padres desean y tienen esperanzas de recuperar, reside en Madrid y consta como imputada en la causa. Se considera como uno de los denominados "bastones" y "brazo derecho" del fundador de la organización que tuvo su sede principal en Oia. La joven, además, grababa y escribía las memorias del líder.
La declaración de Carlos Paz y Concepción Alonso en el Juzgado de Tui se prolongó durante unas tres horas. Al finalizar, la abogada de la acusación, Ana Reguera, manifestó que "las familias están tranquilas porque están diciendo la verdad, al igual que las víctimas".
La abogada defensora de Miguel Rosendo, Teresa Quintana-Drake, aseguró que los padres no tienen conocimiento del informe de tres forenses que figura en el sumario, donde consta que sus hijas no han tenido ningún tipo de abuso sexual, una confirmación que, dijo, debería tranquilizarles y que para la letrada es cuestión "humanitaria".
