Álvaro Cuesta: "Europa deja de ingresar más de 120.000 millones al año por fraude fiscal"

-Le he escuchado varias veces plantear un pacto por la Justicia.

-Sí, es imprescindible. Yo lo llamo pacto social, y diría más, por una nueva agenda 20-25, es decir, con el horizonte 2020-2025, hace falta un gran acuerdo donde intervengan las instituciones que gestionamos la justicia, es decir, Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), comunidades autónomas y Ministerio de Justicia, pero además deben intervenir todos los grupos parlamentarios y todos los sectores relacionados con los operadores jurídicos, incluso los consumidores. España debe avanzar hacia una justicia de calidad, que es la misma reflexión que se está planteando la Unión Europea. Se ha avanzado mucho en el espacio de Libertad, Justicia y Seguridad de la UE, que ha trabajado para 2015 y ahora se plantea 2025.

-¿La Justicia atraviesa una buena etapa en cuanto a imagen pública?

-Está mejor en prestigio que otras instituciones, pero es manifiestamente mejorable. Reconociendo la altísima profesionalidad de jueces y magistrados, tenemos una justicia de una magnífica calidad pero sin suficientes medios y, por tanto, todos los grandes horizontes que nos planteamos desde el punto de vista de las nuevas tecnologías de la justicia van demasiado lentos por la falta de medios. Necesitamos una planificación. Y añado: España necesita un nuevo mapa judicial, estamos en un país que tiene una distribución territorial de la justicia que está pensando en las diligencias del siglo XIX, y yo creo que hay que pensar en las diligencias judiciales del siglo XXI.

-El papel cero ha sido un desastre...

-Estamos un seguimiento permanente de la aplicación. El CGPJ tiene aquí competencias limitadas. Estamos presentes en un órgano interadministrativo con las comunidades y el Ministerio, pero quien tiene la capacidad de dotar tecnológicamente a los juzgados son los poderes ejecutivos. Hacemos el seguimiento. Hago un llamamiento para alcanzar un gran acuerdo tecnológico por la modernización, con las administraciones responsables, Consejo, Ministerio y comunidades.

-Parece que hay una lacra en cuanto a la evasión fiscal. Lo hemos visto ahora con los papeles de Panamá...

-La verdad es que, en principio, esa actividad financiera es un problema que tiene España y que tiene Europa. Le daré un dato, hoy Europa deja de ingresar más de 120.000 millones de euros, un 1% de su PIB por la defraudación fiscal y el blanqueo. El alcance de la corrupción en daño económico es del 2% del PIB en el ámbito de la UE. Creo que se puso en marcha en su día por las grandes naciones un acuerdo que los gobiernos desde una cierta hipocresía que los gobiernos no han sabido desarrollar. Se habló de poner en marcha una ofensiva contra los paraísos fiscales. Ha habido actitud blanda desde los gobiernos a la hora de luchar contra los paraísos fiscales. Hay que denunciarlos y adoptar medidas conjuntas. España debería liderar en la UE esa lucha porque son acuerdos internacionales. La justicia está funcionando y actuando, instruyendo causas, investigando y es positivo, por hablar de los papeles de Panamá, que en la Audiencia Nacional el ministerio fiscal ya ha abierto una investigación, que la Fiscalía Anticorrupción esté manejando diversas iniciativas y todo eso acabe bajo la competencia de los jueces.

-Muchas de las reformas del anterior Gobierno se han quedado en agua de borrajas...

-Sí, el Gobierno saliente ha dejado sin sacar adelante los deberes fundamentales, por supuesto celebro algunas reformas de 2015 instadas por el CGPJ en el ámbito procesal. España necesita una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, que el fiscal sea el instructor de las causas penales, poner en marcha los tribunales de instancia sin que ello desoiga las realidades metropolitanas, hace falta un mapa territorial para una justicia más operativa y organizada.

-Seguimos siendo un país con pocos jueces...

-Tenemos la media más baja de la UE, de 12,5 jueces por cada 100.000 habitantes. En Europa la media es de 15, y tenemos 5.502 jueces y magistrados de los que hay un porcentaje muy alto ya de mujeres, lo cual es un buen síntoma de calidad de la justicia, aunque el número de mujeres en los órganos gubernativos y el Supremo es ínfimo, no se corresponde a la presencia tan fuerte de las mujeres en el resto de la carrera judicial.

-La corrupción sigue corroyendo las entrañas del sistema.

-La corrupción es una lacra y es la causa de la desafección democrática. Si no acabamos con la corrupción, la corrupción puede acabar con el sistema. Es la alarma más importante de la democracia. El consejo ha puesto en marcha una unidad de actuación para reforzar los juzgados en las grandes causas, UACC. ¿Qué hacemos? Proponer medidas, defender la independencia del juez, quien se vea perturbado en las grandes causas va a tener el apoyo y el ánimo del Consejo, la unidad establece planes de refuerzo, y si un juez necesita más funcionarios instamos a las administraciones para que lo hagan, y establecemos planes de refuerzo: la posibilidad de que los jueces con macrocausas puedan tener apoyo de otros jueces.

-¿Cómo afecta a la Justicia que no tengamos Gobierno?

-Nos afecta. Con un Gobierno en funciones se bloquea en estos momentos la necesidad de aumentar el número de plazas judiciales y de nuevos órganos judiciales. Tenemos una necesidad de salir del colapso de la jurisdicción Social, y hemos de reforzar la planta. Reforzar los juzgados de primera instancia, mejorar en Mercantil, hay que plantearse la situación de los tribunales superiores de Justicia, que ahora van a tener competencias en la segunda instancia penal, y hacen falta medidas muy concretas de refuerzo tecnológico de los órganos, eso está bloqueado porque no hay un Gobierno. Si hubiera un Gobierno nadie podría usar como excusa que está en funciones.