Las diferencias en el Gobierno y en las filas populares han llevado al Ejecutivo a aparcar la reforma de la ley del aborto para seguir todavía con su estudio. La vicrepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, explicó ayer que el Gobierno está analizando la convención de derechos de las personas con discapacidad de la Naciones Unidas, que España ratificó en abril de 2008, y los compromisos que supone respecto al aborto. "El Ministerio de Justicia está analizando esa convención de la ONU y la doctrina del Constitucional para establecer la mejor manera posible de establecer ambos equilibrios", aseguró.
Algunos han querido ver en las palabras de la vicepresidenta la existencia de un debate interno sobre la futura ley del aborto, concretamente sobre la propuesta de Gallardón de prohibir la interrupción voluntaria del embarazo aunque se conozca que el feto presenta malformaciones.
Respecto a esto, Sáenz de Santamaría reiteró que la reforma que prepara Justicia respetará la doctrina del Tribunal Constitucional (TC), "conforme a la primera ley" que, según ha recordado, estuvo vigente hasta la pasada legislatura.
Ha insistido también en que la nueva norma dará cumplimiento a un compromiso del PP sobre "la intervención de los padres en los abortos de las jóvenes de 16 a 18 años".
"Pido a todos que hagamos un debate sereno, con argumentos jurídicos y serios", añadió para insistir en la necesidad de ser "muy rigurosos".
Santamaría también realizó unas declaraciones polémicas al indicar que el aborto "es siempre un fracaso de todos". Asimismo, aprovechó para solicitar "sensibilidad" al tratar este asunto, "porque es un debate en el que se mezclan muchas cosas y muchas opiniones".
En cuanto a si comparte la opinión de la diputada del PP Beatriz Escudero, quien aseguró que las mujeres que abortan son las que menos formación tienen, ha respondido que no le corresponde a ella valorar las posiciones de los grupos parlamentarios, ni su defensa.
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, aseguró ayer que la reforma de la ley del aborto es un asunto "lo suficientemente complejo y sensible para no improvisar", al tiempo que se ha mostrado convencido de que requiere "un debate sosegado", una "aproximación entre partidos" y un pronunciamiento sólo cuando haya un texto "avalado" por el Gobierno.
En cuanto a su postura sobre esta ley, ha replicado que se pronunciará cuando esté sobre la mesa una propuesta "avalada por el Gobierno y por Rajoy", pero mientras haya una "discusión" abierta o se esté "en contactos previos".
A su juicio, Gallardón, "quiere acordar y dialogar", pero ha advertido de que el actual Ejecutivo tiene "la misma legitimidad que otro para modificar una ley".
