Comisiones Obreras de la comarca de Pontevedra alertó ayer del "problema de primera magnitud" que supone la siniestralidad laboral en toda España, en Galicia, pero concretamente en el área de influencia de la ciudad del Lérez. Y es que el sindicato aportó datos que revelan que la comarca pontevedresa lidera en Galicia la tasa de trabajadores fallecidos en accidentes laborales.

Según los datos facilitados por el secretario general de Comisiones Obreras en la comarca, José Ramón Piñeiro, y por José Luis García Pedrosa, el pasado año fallecieron en Galicia un total de 43 personas en accidente laboral. La provincia más afectada fue Pontevedra, con 18 víctimas mortales frente a las 12 de A Coruña, las 8 de Lugo y las 5 de Ourense. Pues bien, dentro de los 18 muertos en Pontevedra, un total de 8 perdieron la vida en municipios de la comarca (es decir tanto como en la provincia de Lugo y más que en todo Ourense). Fueron tres víctimas mortales en Pontevedra, otras tres en Poio, una en Barro y otra en Ponte Caldelas. Afortunadamente, en lo que va de año 2018 no se han registrado fallecidos.

En toda la comarca se registraron a lo largo de 2017 un total de 1.597 accidentes laborales; es decir, más de cuatro al día. De todos ellos, tuvieron la consideración de graves un total de 42, la mayoría en Pontevedra, Marín y Poio.

José Ramón Piñeiro cree que el incremento de la siniestralidad laboral y concretamente del número de trabajadores heridos es una de las consecuencias "de la reforma laboral del año 2012 en España". Pedrosa añadió también la Ley de Mutuas entre las cuestiones a analizar pero insistió también en la "precariedad absolutamente dramática" que inunda el mercado laboral a raíz de estas reformas. "Se dan estas condiciones de precariedad porque sigue habiendo trabajadores que necesitan trabajar en cualquier situación, estén como estén", indicó el sindicalista de Comisiones Obreras. Esto hizo que los dos representantes del sindicato volvieran también la vista hacia la Inspección de Trabajo. Ambos criticaron duramente a su responsable en la provincia a quien acusan de actuar de manera "selectiva" a la hora de controlar las empresas que cumplen. Ambos explicaron que la actuación de la Inspección de Trabajo es clave para detectar estas situaciones de riesgo y de "precariedad" extrema de muchos trabajadores que "no pueden acudir a denunciar a los juzgados de lo Social dado que supondría exponerse ante el empresario" y saber que "no iba a ser contratado más en cuanto se termine el contrato temporal por el que está trabajando".

Los sindicalistas también hicieron un llamamiento a los empresarios que sí cumplen para que denuncien a los que no mantienen unas mínimas condiciones, compitiendo con ellos además de manera desleal. Señalaron a la hostelería o a la industria como alguno de los sectores más conflictivos.