Los vecinos de la localidad de Barbudo, en Ponte Caldelas junto con el alcalde del municipio, Andrés Díaz, se concentraron para protestar ante la multinacional Telefónica que, según afirman, lleva tres meses y medio cobrando los recibos de telefonía fija y ADSL a pesar de que los vecinos no disponen del servicio puesto que no tienen línea como consecuencia de los daños causados por los incendios. Una situación que también se está produciendo en otros lugares del municipio, especialmente en A Ínsua, Tourón y Parada, después de la oleada de fuegos del pasado 15 de octubre.

Los vecinos de Barbudo relataron al alcalde que están "hartos" de llamar a los teléfonos de averías y de atención al cliente de la empresa telefónica. Lejos de atender las quejas por cobrar un servicio que no se está dando, reciben con indignación explicaciones como que "no consta que Barbudo esté entre las zonas afectadas por los incendios". Una indignación que se dispara todavía más cuando no logran pasar siquiera del contestador automático o cuando el personal de atención al cliente aprovecha las llamadas para hacer ofertas sobre productos y paquetes de la multinacional, tal y como explicaron hoy fuentes municipales.

Andrés Díaz subrayó que en Barbudo reside mucha gente mayor y que hay varias personas con servicio de teleasistencia que quedaron desconectadas y ahora solo cuentan con el apoyo que los propios vecinos puedan darse entre sí, en el caso de que se produzca algún incidente o emergencia.

"Me parece muy grave lo que está haciendo Telefónica", afirmó el regidor de Ponte Caldelas, "yo hablé con el director regional después de los incendios y se comprometió a no pasar los recibos en las zonas donde el fuego destruyó el cableado hasta reparar la infraestructura, pero ahora, que ya pasó un tiempo más que prudencial, decidió esconderse y no se lo vamos a consentir".

Acompañado por un nutrido grupo de afectados, el alcalde comprobó personalmente que los cables y postes dañados el pasado 15 de octubre siguen calcinados, sin que se hubiera repuesto nada. "Por aquí no vino nadie de Telefónica y dentro de nada se van a cumplir cuatro meses de los incendios", se lamentan en Barbudo.

El alcalde, en nombre del Gobierno local tripartito (PSdeG-PSOE, AVP y BNG), comprende que después de los incendios haya mucho trabajo por hacer reponiendo las líneas en los municipios afectados, cosa que, de hecho se está haciendo en algunos lugares de Ponte Caldelas, "pero otra cosa es que le estén cobrando a la gente por un servicio de teléfono o de ADSL que no se presta y que, además, no se atiendan sus justas reclamaciones".

El vecindario de Barbudo pone también de relevancia que en el pueblo hay fuertes vínculos con la emigración y ahora solo pueden comunicarse con sus familiares en el extranjero por teléfono móvil, lo que acarrea un gasto mayor que el de la telefonía fija y muchísimo mayor que las posibilidades que ofrecen las nuevas fórmulas de comunicación a través de internet.

Los vecinos y vecinas afectados explican que pagan a Telefónica cuotas que van de los 30 euros a cerca de unos 100 euros al mes, en función de los distintos contratos, por lo que exigen la devolución inmediata de un dinero que no se les tenía que haber cargado en cuenta.

Algunos presentaron ya quejas delante del Servicio Gallego de Consumo, pero tampoco allí encontraron mucha ayuda. "Lo que nos dijeron es que tienen montones de reclamaciones contra las compañías de telefonía, así que ya veremos, por lo que tampoco nos dieron muchas esperanzas, señalan. Ante esta situación optaron por pedir ayuda al ayuntamiento de Ponte Caldelas. El alcalde se comprometió a poner el asunto en las manos de los servicios jurídicos municipales si Telefónica no resuelve el problema de manera inmediata. "Son contratos privados con empresas de servicios", recalcó, "pero estudiaremos la manera de involucrarnos en un asunto tan sensible y tan injusto".

Andrés Díaz explica que le consta que en A Ínsua el servicio quedó restablecido el pasado día 21, por el momento con cables provisionalmente tendidos por el suelo, pero las quejas del vecindario por los tres meses y medio facturados sin recibir servicio también están sin atender, al igual que en el resto de los pueblos afectados.