El sendero y parque fluvial del río de Os Gafos lleva camino de costarle a las arcas del Concello de Pontevedra un dineral. Una nueva sentencia judicial amenaza ahora con aumentar de forma considerable el coste ya abonado forzosamente por la expropiación de una finca en el entorno del cauce fluvial, un incremento que, según los cálculos del abogado Antonio Feijóo Miranda -que defiende los intereses de los dos demandantes- podría ser de más de un millón de euros respecto a la cantidad que el ayuntamiento ya ha pagado por esta finca.
Los hechos se remontan a 2009. Entonces, dos hermanos propietarios de una parcela de 1.452 metros cuadrados situado en la rúa do Muíño, junto al río de Os Gafos, solicitaron al concello que expropiase este terreno que el Plan General de Pontevedra destinaba al parque lineal del Gafos,algo que por lo tanto obligaba al ayuntamiento a hacerse con la propiedad de estos terrenos.
Pese a los requerimientos de estas dos personas, el Concello no respondió a su petición durante dos años, por lo que finalmente decidieron promover la expropiación forzosa y presentar una hoja de aprecio ante el jurado de expropiación. Además, los propietarios pudieron comprobar como el Concello, efectivamente, había ocupado ya los terrenos que se integraban en el parque fluvial. El jurado de expropiación se tomó su tiempo pero finalmente se pronunció y fijó eljustiprecio de la finca en 784.000 euros.
Ya entonces los dos propietarios de la parcela se mostraron en desacuerdo con esta valoración y presentaron recurso ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que en julio de 2016 sentenció que esta cantidad debería elevarse a 950.000 euros. Antonio Feijóo Miranda, abogado de los dos denunciantes, valoraba estos días la "extrema complejidad del asunto" y señalaba que "aún siendo respetable el criterio del Tribunal Superior en una sentencia ciertamente motivada, consideramos que en algunos aspectos no era correcta". Acudieron, por lo tanto, ante el Tribunal Supremo para que se pronunciase en casación. Y el fallo es el que se acaba de dictar con fecha del pasado 18 de diciembre y notificada el pasado día 22 a las distintas partes personadas. El fallo, estima el recurso presentado por este letrado y ordena que se vuelva a fijar el justiprecio, sin que en ningún caso pueda ser inferior alya reconocido en la sentencia dictada en su día por el TSXG.
El fallo da la razón a los denunciantes en dos aspectos fundamentales: El primero que no se puede descontar el 10% de la edificabilidad por un deber de cesión de aprovechamiento que es inexistente. En la sentencia inicial, esto supuso ya una rebaja en el coste de la expropiación de cien mil euros. En segundo lugar, que hay que tener en cuenta a la hora de tasar el suelo una edificabilidad superior a la considerada en su día por el TSXG para calcular la indemnización, lo que va a elevar considerablemente el coste de la misma. "En lugar de 1,87 la edificabilidad a considerar debe ser recalculada al alza, descontando la superficie de dotaciones existentes (es decir, parques, viales, equipamientos) con lo que creemos que la edificabilidad puede rondar los 4metros cuadrados por metro cuadrado", señala el abogado Antonio Feijóo.
Las actuaciones volverán ahora al TSXG para que recalcule esta indemnización y, sin duda, la cuantía de la misma crecerá pero deberá ser el tribunal con sede en A Coruña quien determine la cantidad. No obstante, a juicio del abogado de los dos denunciantes, y en todo caso a la espera de lo que determine el informe pericial que deberá cuantificar con precisión todos estos extremos, "la tasación final se incrementará exponencialmente en torno a los dos millones de euros", a lo que habría que descontar los cerca de 950.000 euros ya abonados. Algo más de un millón de euros que debería asumir el Concello y a los que habría que sumar el pago de los intereses legales desed julio de 2010 hasta que se produzca el abono final de la expropiación.
El letrado anuncia que en breve iniciarán los trámites para instar al TSXG a que en el menor plazo de tiempo posible ejecute lo establecido en esta sentencia del Tribunal Supremo.
