El bipartito integrado por PSOE y BNG que gobierna actualmente la Diputación de Pontevedra no llevaba ni un año al frente del ejecutivo cuando en la primera mitad de 2016 se encontró entre manos con un grave problema heredado de la anterior etapa del PP. La auditoría realizada por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) de la Unión Europea había detectado irregularidades graves en la tramitación de uno de los proyectos desarrollados en la anterior etapa de Rafael Louzán, el DepoTrans, de tal manera que el Ministerio de Hacienda le reclamaba al ente provincial la devolución de 3,6 millones de subvención. Se trataba de fondos destinados a esta iniciativa, DepoTrans, que consistía en la instalación de 35 depuradoras a lo largo del río Miño. Partidas ya gastadas y ejecutadas pero que ahora la administración provincial podría perder debido a la mala gestión del anterior gobierno del PP, tal y como denunció entonces el diputado socialista Carlos López Font.
Además, no era el único proyecto en el que se detectaron irregularidades en su tramitación, el Ministerio de Hacienda se negaba a desembolsar a la Diputación otros 6,1 millones del proyecto DepoGap también desarrollado durante la etapa de gobierno del PP al frente del ente provincial.
En aquel momento, y tras señalar directamente a los populares como responsables de la pérdida de estas subvenciones por la mala gestión de estos proyectos y fondos europeos, el gobierno provincial y los servicios jurídicos de la Diputación se pusieron manos a la obra para intentar que el impacto en las cuentas de la institución provincial de este asunto fuera el menor posible. Si bien los servicios jurídicos de la Diputación no vieron posibilidad de hincar el diente y revertir la situación en lo que respecta al proyecto DepoGap, sí advirtieron un posible defecto de forma que podría permitir no tener que devolver el dinero del DepoTrans y, por ahora, los tribunales les dan la razón.
El gabinete jurídico de la Diputación presentó un recurso contencioso-administrativo contra la resolución de Hacienda mediante la cual le exigía a la Diputación Provincial la devolución de estos 3,6 millones del programa DepoTrans alegando que la misma se había realizado cuando ya habría prescrito el plazo para hacerlo y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid le ha dado la razón en sentencia fechada el pasado mes de junio en la capital de España.
En dicho fallo no se entra a valorar las supuestas irregularidades del programa, sino que se limitan a constatar que el proyecto DepoTrans se terminó de 30 de junio de 2007 y el expediente de solicitud de reintegro de los fondos se inicia el 6 de septiembre de 2013, es decir, según los magistrados del TSJM, una vez transcurrido el plazo máximo de cuatro años establecido para ello. Por lo tanto, "se considera que ha prescrito la acción para exigir el reintegro" y, en su fallo, estiman el recurso de la Diputación Provincial de Pontevedra anulando la resolución de junio de 2016 del Ministerio de Hacienda que exigía la devolución de estos fondos de la UE por no ser la misma "conforme a derecho".
Con todo, la batalla legal para intentar no perder esta importante subvención todavía no está ganada, dado que la sentencia no es firme y cabe la posibilidad de que el Ministerio presente contra ella recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
