Con respecto al aspecto económico del asunto y las posibles indemnizaciones que tenga que abonar, el Concello se aferra al convenio firmado en 2010 con Veteris por el que cualquier posible indemnización la pagaría la nueva empresa concesionaria. Se estima que sería un máximo de tres millones de euros, cantidad que podría echar atrás a cualquier otra interesada.
Los informes jurídicos sobre este prolongado pleito señalan que la raíz de este conflicto urbanístico está en la anulación de la modificación de la normativa del PGOU sobre el uso del subsuelo y que permitió la ejecución del aparcamiento abarcando simultáneamente suelo público y privado sin concurso público. Esa modificación, que fue aprobada en 2003, dio soporte al convenio con Veteris y al Plan Especial de Infraestructuras y Dotaciones. Todo fue anulado en primera instancia por los tribunales en 2007. Pese a ello, en 2010 se tramitó la adjudicación directa de la explotación del aparcamiento a la empresa que lo había construido. Trámite que, al estar apoyado necesariamente en los actos administrativos del año 2003, fue anulado nuevamente por los jueces.
En 2010 se realizó una valoración de las obras realizadas, que fue cerrada en 3.108.005,14 euros más IVA. Veteris aceptó esa valoración y renunció expresamente al lucro cesante, según insiste en Concello. Esa cantidad sirvió también para el cálculo de esa eventual indemnización cuando se convoque un concurso abierto a la pública concurrencia". Por ello, desde el Concello se insiste en que "los pactos firmados preservan los intereses municipales porque, de abrirse la licitación de la parte pública del aparcamiento y de no resultar Veteris la adjudicataria, la nueva empresa debería depositar como canon anticipado una cantidad, como mínimo, equivalente a la valoración de las obras".
