El expresidente de la Federación Gallega de la Construcción y de la Asociación Provincial de Empresarios de la Construcción de Pontevedra (responsable además de uno de los grupos empresariales más importantes en el sector, Indeza) Ángel Fernández Presas, se enfrenta a una petición de condena de dos años de prisión por parte de la Fiscalía de Pontevedra acusado de estafa. Fernández Presas se sentó ayer en el banquillo de los acusados de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial e inicialmente el Ministerio Público reclamaba para él únicamente a una pena de multa, pero la fiscal decidió elevar su petición atendiendo a la gravedad de la cuantía supuestamente estafada, 1,8 millones de euros.
También presenta acusación Abanca, en el momento de los hechos Caixanova, que es la entidad supuestamente engañada por el empresario.
Los hechos se remontan a 2008 cuando la entidad bancaria concedió un crédito al acusado por importe de un millón de euros. Para la aprobación y concesión de dicho crédito se realizó un informe de riesgos por parte de Caixanova en el que constaba el compromiso por escrito del acusado de cancelar la póliza al cobro de una indemnización por una expropiación realizada por la empresa Gamesa. Indemnización fijada por sentencia del TSXG t por importe de 1,1 millones de euros. Gamesa había construido un parque eólico en unos terrenos sobre los que Fernández Presas tenía concedido un derecho de investigación minero. Esta cantidad incluso ya estaba depositada ante la Consellería de Industria.
El crédito se firmó en febrero de 2008 y pocos días después, el 7 de marzo de 2008, el acusado percibió 1.180.162 euros por el citado justiprecio o indemnización.
Cobró la indemnización
Tanto la Fiscalía como la caja sostienen que el acusado no solo no comunicó este hecho a Caixanova, sino que con el propósito de no cancelar el crédito en su favor, llegada la fecha de su vencimiento un año después solicitó su novación por plazo de un año. Contrato en el que manifestaba todavía no haber recibido cantidad alguna por aquella indemnización, tal y como reiteró ayer la fiscal durante el juicio. El contrato, de igual forma, se volvió a renovar en 2010. De esta forma, el acusado habría generado unos perjuicios a la caja de 1,8 millones de euros.
Fernández Presas no negó ayer la existencia del préstamo, ni tampoco que, efectivamente, cobró 1.180.162 euros apenas unos días después por esta compensación de Gamesa, pero negó que la cancelación del crédito estuviera vinculado a esta indemnización que, además, el considera no un pago completo "sino un anticipo" de lo que reclamaba.
Y es que tanto su letrado como el propio empresario se aferran a una cláusula de la póliza de crédito en la que se establece que la cancelación del crédito se realizaría cuando cobrase la indemnización "o existiese sentencia firme". Fernández Presas y su letrado advirtieron que en el momento de los hechos todavía no había una sentencia firme dado que tanto Gamesa como el propio acusado (que exigía a la eléctrica una compensación de 21 millones de euros) habían recurrido la decisión del TSXG que establecía esta indemnización de cerca de un millón de euros.
Fernández Presas aseguró ayer ingresó este dinero en una cuenta bancaria personal y que su objetivo era mantenerlo en reserva dado que el resultado final del proceso judicial era todavía incierto: "podría ser favorable o no, a lo mejor tenía que devolver el dinero". Sin embargo, tiempo después, urgencias de liquidez en sus empresas le obligaron a poner ese efectivo en manos de estas sociedades para atender el pago a proveedores. Reconoció que, a posteriori, ya no tuvo forma de hacer frente a la cancelación de esta póliza con estos fondos. Afirma, no obstante, que sí lo intentó en varias ocasiones por otras vías. La primera cuando firmó un crédito sindicado para sus empresas, luego cuando obtuvo una hipoteca de máximos y finalmente al recibir otro crédito más con participación del IGAPE. El empresario asegura que quiso destinar parte de estos créditos a cancelar esta póliza pero insiste en que la entidad bancaria no lo aceptó. "Nunca me negué a pagar nada, siempre que había una oportunidad de pago yo se la propuse", dijo ayer Fernández Presas.
Afirmó, asimismo, que comunicó al personal de Caixanova que había cobrado lo que él entendía como una parte de la expropiación, algo que niegan los empleados de la antigua caja. Estos aseguran que Fernández Presas no les comunicó haber ingresado este dinero de la indemnización hasta 2011 y que, a partir de entonces, no se le renovó más la póliza del crédito y le exigieron su cancelación, tal y como había acordado por escrito.
Además, insistieron en que era condición ineludible para la aprobación de esta póliza de crédito que el acusado la cancelase en cuanto cobrase esta indemnización, que ya estaba depositada ante la Xunta y que la caja daba por seguro que se iba a cobrar. Los trabajadores aluden a que cuando en la póliza se habla de que se cancelaría cuando se dictase sentencia firme, se trata de una formalidad en un documento "estándar". Dicen que lo que realmente se había acordado es que se devolvería el dinero nada más cobrar la indemnización.
