La Fiscalía General del Estado presentó ayer coincidiendo con la apertura del curso judicial su memoria del año 2015 y en ella apunta ya algunas pinceladas de los contenidos más importantes de la memoria del Ministerio Público en la provincia de Pontevedra. Dos de estos contenidos más relevantes se refieren a los delitos económicos y a la violencia sobre la mujer.
En el primero de los apartados, la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, vuelve a señalar la llamada de atención que hace el fiscal especializado en delitos económicos de Pontevedra, Augusto Santaló, ante la necesidad de que las administraciones incrementen los mecanismos de control para comprobar el destino final de las ayudas que conceden. De nuevo la Fiscalía de Pontevedra "constata la existencia de una importante deficiencia en el control por parte de las distintas administraciones de la concesión de subvenciones públicas", recoge la memoria de la Fiscal General.
Fuentes de la Fiscalía provincial explicaban ayer que varias de las investigaciones abiertas actualmente en Pontevedra tienen como denominador común cierta falta de control sobre el destino final que realmente tienen las ayudas concedidas. La "Operación Qatedra", que se saldó con varios detenidos en el Deza por el supuesto cobro de subvenciones para cursos de formación que nunca llegaron a realizarse pese a haber recibido dinero de la Xunta y de Europa para ello, la investigación sobre la empresa pontevedresa Taelpo en torno a posibles irregularidades en el desarrollo de supuestos proyectos universitarios de I+D+i con dinero público, o el presunto fraude de subvenciones para la organización de eventos feriales por parte de la extinta Cámara de Comercio de Pontevedra son solo alguno de los ejemplos que citan en la Fiscalía provincial. Curiosamente, en este último caso el Concello acaba de solicitar a la nueva Cámara la devolución de las cuantías que supuestamente se cobraron de forma irregular en la anterior etapa. En total, se reclaman 35.000 euros.
"Cinco Jotas"
Desde Pontevedra, y también lo recoge la Memoria del Fiscal General, se destaca "el sorprendente aumento de los escritos de calificación y de sentencias conformes con aquellos", cuestión que se atribuye fundamentalmente al gran volumen de escritos acusatorios y fallos condenatorios que tienen su origen en las causas derivadas de la investigación de "Las Cinco Jotas", liderada desde Vigo por el fiscal Juan Carlos Horro.
En cuanto a la violencia de género, la Fiscalía General del Estado también llama la atención sobre el elevado número de mujeres muertas como consecuencia de la violencia machista en la provincia en 2015. En total, 62 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas en toda España y "del examen de estos datos llama la atención que en este año haya habido 6 muertes por violencia de género en Pontevedra, un número muy alto si lo comparamos con otras provincias y más si tenemos en cuenta su población".
Un estudio en el que la fiscal general también llama la atención sobre el retroceso en el número de víctimas que habían denunciado previamente a su agresor y a la brutalidad de los métodos empleados por el presunto asesino: "con frecuencia la violencia y el número de heridas ocasionadas es superior a la necesaria para causar la muerte". Cabe recordar el caso, por ejemplo, en Pontevedra, de Concepción Reguera Peón. La Fiscalía pide 20 años para su expareja como presunto autor del crimen y le acusa de asestarle una veintena de puñaladas.
La Fiscalía hace hincapié también en los menores víctimas de violencia. En este caso cabe recordar el caso en Moraña de las pequeñas Amaya y Candela, que murieron a manos de su propio padre; así como terceros víctimas de la violencia de género, apartado en el que podría encuadrarse el crimen de Ponte Caldelas, en el que un vecino de esta localidad supuestamente mató al marido de la que había sido su amante.
Atención a las víctimas
La Fiscalía de Pontevedra también realiza aportaciones que la fiscal general cree necesario resaltar en el ámbito de la atención a las víctimas en el proceso penal. La legislación prevé la creación de oficinas de asistencia a las víctimas de cualquier delito y la Fiscalía de Pontevedra ha dado pasos importantes en este sentido señalando que ha realizado un "enorme esfuerzo" con el fin de "procurar una actuación más proactiva de la Fiscalía frente a las víctimas". No obstante, destaca "la ausencia de la figura del fiscal" en el estatuto de la víctima y "critica la presencia de un organigrama con un proyecto económico cero". Resalta también la comunicación constante con la Secretaría de Instituciones Penitenciarias "a fin de informar a las víctimas necesitadas de especial protección" de las situaciones penitenciarias de los agresores.
Dentro del apartado de actuaciones terroristas o movimientos violentos, la Fiscalía General dedica un apartado a 6 acciones que presuntamente pueden atribuirse a grupos o facciones anarquistas y que se produjeron en lugares muy dispares de la geografía española (dos en Barcelona, Madrid, Córdoba, Asturias y Pontevedra).
En la provincia recogen el caso concreto de la ciudad del Lérez en donde el año pasado se produjeron en una noche de agosto cuatro "actos de sabotaje" en cajeros automáticos "consistentes en pintar de color negro la pantalla de los cajeros, pintando en uno de ellos la A de anarquistas en la puerta". El hecho fue incluso reivindicado un grupo que firmó un comunicado como "Anarquistas contra un mundo enjaulado" que aportaron fotografías de estas acciones, unos hechos que entonces no tuvieron relevancia mediática.
Las sedes bancarias atacadas estaban en Peregrina, Gutiérrez Mellado, Michelena y La Oliva y en su mayoría pertenecían al Banco Santander que fijan como objetivo al ser el encargado de "gestionar el dinero de los peculios de las prisiones". En su comunicado, destaca la Fiscalía General del Estado, se "significa que aún no están preparados para realizar acciones de más envergadura".
