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Un estudio individual de todos los "lombos" retarda la ordenanza que exige la oposición

Los técnicos municipales miden uno a uno todos esos pasos para determinar el coste de su posible adaptación a otras dimensiones -El trabajo no estará listo para este verano

Calle Cruz Gallástegui, que es prioritaria en la reforma del centro urbano. // G. Santos

Desde que en el pleno de febrero pasado, hace ya cinco meses, la oposición en pleno obligó al Concello a elaborar una nueva ordenanza de tráfico que determine las dimensiones, ubicación y otros aspectos de los "lombos", el proceso continúa sin avances. La propuesta, impulsada por el PP, establece asumir las normas del Ministerio de Fomento, que prohiben pasos elevados de más de 10 centímetros de altura y no los admite en calles de menos de 200 metros de largo, entre otras condiciones. Con ellas, buena parte de los más de 300 "lombos" de la ciudad tendrían que ser eliminados o modificados. Este borrador de ordenanza fue expuesto al público en abril y se presentaron más de 1.100 alegaciones para evitar su entrada en vigor.

Desde entonces, hace tres meses, se trabaja en la elaboración de los oportunos informes técnicos y todavía no están listos, en especial porque se ha decidido medir uno a uno todos esos pasos elevados con el fin de determinar si se ajustan a no a la normativa de Fomento (establecida para vías interurbanas, no en las ciudades) como exige el PP y el coste que supondría adaptar todo ese amplio censo. Una de las alegaciones.

Prórroga

El técnico que realiza esas mediciones ha solicitado una prórroga, dado el ingente trabajo que supone y se estima que este verano no estará listo. Al menos son cuatro técnicos municipales los que deben analizar las 1.110 alegaciones presentadas contra la modificación de la ordenanza municipal de tráfico con la que la oposición, frente al criterio del BNG, pretende regular el tamaño y la ubicación de los "lombos". Los responsables de los servicios de Arquitectura, Ingeniería y la Policía Local, además del secretario del pleno deben emitir sus respectivos informes acerca de estas alegaciones y no se descarta que también se solicite algún estudio jurídico. Al menos dos de ellos aún no están disponibles.

El PP, promotor de aquel acuerdo plenario, realiza un seguimiento de este proceso y ya reclamó que se analice el asunto en pleno el próximo mes de agosto, si bien no parece posible al no disponerse aún de todos los informes.

El gobierno local sostiene que la normativa de Fomento, pensada para carreteras interurbanas y no para calles, "obligaría a eliminar" muchos de los "lombos" actuales, y también cuestiona la tramitación de la nueva ordenanza, por lo que aboga claramente por "la anulación de esta modificación o que no se proceda a su aprobación definitiva". El PP se queja de la "gran variedad" de diseños, con alturas y rampas diferentes y apuesta por una regulación que unifique estos elementos. El BNG confía en que estos informes técnicos sirvan de base para estimar todas o parte de las alegaciones y echar abajo esa regulación de los "lombos", como ya se decidió en su día con el acuerdo plenario que pedía tres vías sanitarias libres de estos pasos sobreelevados. No es una decisión aún firme, pero sí está claro que el gobierno local no está dispuesto a modificar la ordenanza municipal y regular los "lombos" de modo que de todos ellos se adapten a la normativa del Ministerio de Fomento. Para justificar esta negativa, el equipo municipal se escuda precisamente en esas 1.110 alegaciones La inmensa mayoría de ellas (1.101) fueron presentadas por la Federación de Vecinos Castelao, siete más a cargo de particulares y las dos restantes llegaron desde la Diputación, a cargo de su diputado de Infraestruturas, el nacionalista Uxío Benítez, y su asesor Jesús Fole, arquitecto que diseñó en su etapa municipal parte de la reforma urbana actual de la ciudad.

El Concello se basa en un informe técnico de 2010 y esgrime una de Vivienda que establece que "siempre que se considere necesario se podrá aplicar la solución de elevar los pasos de peatones en toda su superficie al nivel de las aceras". Se apunta que esta orden se refiere a la accesibilidad y "sí es de obligado cumplimiento para todas las administraciones, incluidos los concellos y las calles urbanas".

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